El Gobierno someterá a revisión un tercio de los beneficios fiscales
La reconsideración de las deducciones tributarias y de las subvenciones públicas, plasmada de forma más o menos explícita en el programa con el que el PSOE ganó las elecciones, es un criterio asumido que cala ya en los distintos niveles de la Administración.
El responsable de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos del Ministerio de Administraciones Públicas, Juan Antonio Garde, no tiene dudas al respecto: 'Los gastos fiscales del Presupuesto de 2005 suponen algo más de 41.000 millones de euros. En una parte de ellos, como los tipos reducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se puede operar de forma limitada. Pero estamos convencidos de que, al menos un tercio de esos gastos fiscales, alrededor de 14.000 millones, son incentivos que deben ser analizados y reconsiderados para ver hasta qué punto cumplen las expectativas por las que fueron creados', afirma.
Su opinión cuenta y mucho pues, además de ser uno de los fiscalistas que más ha trabajado en la reforma tributaria que está por llegar, será el responsable de conducir la futura Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los servicios y las políticas públicas, entre cuyas prioridades inmediatas estará la de examinar 'si lo que estamos gastando lo estamos gastando bien'.
Buena parte de los beneficios fiscales incorporados a los Presupuestos Generales del Estado del año que viene los absorben la vivienda, casi 6.000 millones de euros, y el fomento del empleo, con otro volumen de recursos similar. A juicio de Garde, 'todos los analistas que se han aproximado a los incentivos fiscales a la vivienda coinciden en que sus efectos no son los más deseables desde el punto de vista social ya que no son deducciones que favorezcan a la mayoría de la población'.
Otro tanto opina este experto fiscalista, con más de veinte años de experiencia a sus espaldas en el Ministerio de Economía, de las llamadas políticas activas de empleo. 'Este es un ejemplo clásico de manual. Tenemos que evaluar estas políticas. Nos hemos gastado cientos de miles de millones de las antiguas pesetas en propiciar un empleo estable y de calidad y hay que ver si los recursos utilizados han producido los efectos deseados', mantiene. 'Habría que hacer un análisis para, de forma siempre gradual e inteligente, ver si los recursos destinados a las deducciones fiscales se pueden destinar a otros objetivos distintos'. Los mismos criterios valen para las ayudas fiscales a la investigación y desarrollo.
Con la política de subvenciones seguida por las tres administraciones sucede algo parecido. 'Es necesario analizar con criterios de eficacia y de resultados el conjunto de las subvenciones existentes porque es imprescindible conocer que los recursos que existen se emplean con buenos resultados. Hay que ver hasta qué punto los cuantiosos fondos que se dedican a las subvenciones están en realidad bien utilizados', afirma. En el objetivo de la Agencia se sitúa también la evaluación de la cooperación al desarrollo.
Escasa capacidad de análisis
Desde la óptica de Juan Antonio Garde, el funcionamiento de las tres administraciones públicas en España es equiparable en muchos aspectos al de otras administraciones europeas. 'Hay que reconocer que nos hemos modernizado de forma notable, pero tenemos una insuficiente capacidad de análisis sobre los resultados que se pretenden con las distintas políticas. En un escenario como este de plena vigencia del pacto de estabilidad, es imprescindible que la administración pública sepa en qué gasta sus recursos'.
La Administración autonómica alberga en estos momentos al 50% de los funcionarios, la central el 27% y la local el 23%. A partir de estos datos, Garde recuerda que la Agencia Estatal de Evaluación tendrá muy en cuenta a las comunidades y a los ayuntamientos. 'Estas administraciones se podrán incorporar de forma voluntaria al proyecto para que en el mismo puedan estar presentes los distintos niveles de gobierno'. Ello dará lugar, añade, a 'un nuevo modelo de organización de corte casi federal'.
Los certificados en papel serán historia
A finales de 2007, el 80% de los certificados que ahora se exigen a los ciudadanos en papel serán expedidos por Internet, gracias a un programa impulsado desde la Dirección General de Modernización del Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el catastro y otros organismos oficiales.El año que viene se pretende transmitir por vía telemática el 20% de los certificados y a finales de 2006 el 50%. La Agencia de Evaluación de la Calidad establecerá los análisis e indicadores correspondientes para seguir la evolución de estos objetivos, que afectan a los certificados que con mayor frecuencia demandan los ciudadanos.
Un órgano que puede llegar a ser molesto
La Agencia de Evaluación se puede concebir desde un prisma estricto de control o como un órgano que nace para ayudar a mejorar la gestión en los tres niveles de la administración. A juicio de Juan Antonio Garde, 'en algunas circunstancias es verdad que se pueden llegar a producir tensiones con algunos departamentos y por eso tendremos que conducir el funcionamiento de la Agencia con inteligencia'. En su opinión, 'su mejor aliado será el grado de credibilidad que consiga ante los ciudadanos'.El órgano responsable de la dirección política de la Agencia será su consejo Institucional. En el mismo tendrán presencia los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Económico y Social, el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Instituto Nacional de Estadística.Del órgano de gobierno de la agencia también formarán parte las administraciones autonómicas que se sumen al proyecto con carácter voluntario, el Congreso y el Senado.La Agencia realizará dos tipos de informes. Algunos tendrán periodicidad anual, los realizará de oficio y los remitirá al Consejo de Ministros e, incluso, a la conferencia de presidentes autonómicos de reciente creación. Estos estudios se centrarán en el análisis de la calidad de los servicios públicos y en la percepción ciudadana que se tiene de ellos.En segundo lugar, la Agencia hará también evaluaciones sectoriales sobre aspectos que afectan a la vida cotidiana del ciudadano, más allá de que los asuntos afecten a departamentos concretos. El propósito es que englobe finalmente a todas las esferas de gobierno de las tres administraciones públicas.