Sobre el consejo audiovisual
El autor destaca la importancia del sector de televisión en España, tanto desde el punto de vista económico como tecnológico y social, y subraya por ello la necesidad de constituir un consejo audiovisual, pero siempre que no limite la actividad de los operadores privados
Nuestro sector audiovisual se caracteriza porque tiene un número creciente de operadores con el consiguiente aumento del nivel de competencia. Además, coexisten en él empresas de titularidad pública y de capital privado, operadores que emiten en abierto con otros de pago, y empresas de ámbito nacional con otras de ámbito geográfico menor -regional o local-.
A su vez, el cambio tecnológico opera a un ritmo considerablemente acelerado, lo que permite intuir un futuro del sector ciertamente distinto al presente, si bien existe cierto grado de incertidumbre sobre cuáles serán sus coordenadas básicas.
Por otra parte, no cabe dudar de la importancia del sector en los órdenes económico, tecnológico y social. En el primer ámbito, valga recordar que según publicó Cinco Días el 8 de noviembre pasado, la facturación acumulada de las tres primeras empresas del sector -RTVE, Telecinco y Antena 3 de TV- correspondiente a los nueve primeros meses del año asciende a 1.600 millones de euros.
Es un desatino solicitar la rápida constitución de un órgano regulador en el sector en función del desplome de la audiencia de TVE
En el plano tecnológico nadie puede dudar que el futuro casi inmediato de las comunicaciones será digital, y que en el mismo la televisión digital terrestre será el instrumento mediante el que se transporte todo tipo de contenidos a gran velocidad. Finalmente, no es necesario extenderse sobre la influencia social del sector, tanto en la formación como en la información.
La conjunción de todo lo expuesto origina la conveniencia de constituir un consejo audiovisual, cuestión sobre la que hay unanimidad, si no absoluta cuando menos sí relativa en el sentido hacendístico de la expresión. Ahora bien, todavía no se ha acuñado un cuerpo de doctrina común sobre el diseño concreto del citado consejo.
Por esta razón resulta de enorme interés el estudio realizado por la Academia de Televisión, institución tan ejemplar y útil como actualmente desaprovechada, tanto por el propio sector como por las autoridades. El citado estudio recoge los resultados de una encuesta enviada a 120 expertos y profesionales -muchos de ellos miembros de la propia Academia-, aggiornados con aportaciones realizadas en una mesa redonda celebrada en la sede de la Academia.
Los resultados de la encuesta revelan que el 90% de los encuestados consideran necesaria la creación del consejo audiovisual, apoyando su opinión fundamentalmente en la necesidad de ordenar y racionalizar el mercado (38%) y en la defensa de los derechos ciudadanos (26%).
En relación con el nombramiento y origen de los componentes del consejo, la mayoría de los participantes en la encuesta (65%) se inclina por su elección por el Parlamento, si bien con un mandato cuya duración exceda de la correspondiente a una legislatura. También de modo mayoritario (85%) se considera que los miembros del futuro consejo deben proceder de la sociedad civil, elegidos entre los profesionales, los representantes de la industria, y los espectadores o consumidores.
Tiene especial interés conocer el status y las funciones y competencias que debe tener el consejo a juicio de los encuestados. Así, un 83% opina que debe tener la consideración de autoridad independiente, siendo también mayoría los que consideran que debe encargarse de contenidos audiovisuales y no de los tecnológicos.
La utilidad real que se desea dar al Consejo resulta evidente observando que entre las funciones que debiera tener se opta por 'vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes' (77%), 'regular el mercado' (43%), o 'disponer de poder sancionador' (62%).
Por último, los encuestados opinan que entre las cuestiones más urgentes que debe abordar el futuro consejo audiovisual tras su constitución se encuentran la protección a los menores, el control de la publicidad -tiempos, contenidos, veracidad-, y la salvaguarda del pluralismo.
Evidentemente, se podrá estar o no de acuerdo con los resultados que ofrece la encuesta, pero sin duda alguna se trata de una aportación interesante y constructiva cara al diseño del futuro consejo audiovisual, lo que justifica la felicitación a la Academia de Televisión.
Por el contrario, manifestaciones como las realizadas recientemente por Carmen Caffarel, directora general de RTVE, en la Universidad Pompeu Fabra no hacen sino emborronar el alumbramiento del Consejo. En efecto, solicitar la rápida constitución de un órgano regulador en el sector en función del desplome de la audiencia de TVE es un desatino, pues éste es un hecho ajeno a la existencia o no de un consejo audiovisual, como se demuestra analizando la serie histórica de las audiencias televisivas.
Pero pretender que la misión del citado órgano sea limitar la actividad de dos operadores privados -Telecinco y Antena 3 de TV-, para así restablecer la pretendidamente perdida igualdad de oportunidades del operador público -RTVE- es ya un completo desafuero que, en todo caso, revela claramente que se desconoce la razón de ser de los órganos reguladores, así como la misión que éstos han de cumplir.