TRIBUNA

La financiación de la sanidad

La ex ministra de Sanidad se suma al Debate Abierto en Cinco Días sobre cómo financiar la sanidad pública. En su opinión, no basta con asignar más recursos financieros si no se adoptan al tiempo las medidas necesarias para que el crecimiento del gasto se traduzca en mejores servicios y prestaciones

El Sistema Nacional de Salud ha sido protagonista de la agenda política en la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrada en Madrid. Es una magnífica noticia, porque hablar del sistema sanitario público es hablar de una de las más complejas responsabilidades de los poderes públicos, de un pilar fundamental del Estado de bienestar, y de un derecho ciudadano, el de la protección de la salud, íntimamente relacionado con el derecho a la vida, que afecta decisivamente a la dignidad, la libertad, la igualdad, y la seguridad de las personas.

Por eso el debate no debería limitarse sólo al problema de la financiación del sistema. Es más, si sólo se trata de la financiación del sistema, se puede desviar la atención sobre los verdaderos retos que tiene hoy planteados nuestro sistema sanitario público.

Existe un gran acuerdo sobre la incapacidad de las estructuras tradicionales para gestionar eficazmente los centros sanitarios

La forma en que se han hecho las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas por el Gobierno del Partido Popular plantea el riesgo de la atomización del sistema, en lo que podrían llegar a ser 17 subsistemas de salud.

Porque con dichas transferencias se ha culminado el proceso de descentralización, y ello hubiera requerido la adopción de unas nuevas reglas que garantizaran la adecuada delimitación de responsabilidades, y la puesta en marcha de mecanismos eficaces de cooperación y cohesión, que eviten la aparición de diferencias reales en el acceso a los servicios -garantizando un mínimo común para todos-, la pérdida de información sobre el funcionamiento y rendimiento de los distintos servicios de salud -lo que supone un importante déficit democrático- la falta de coordinación en las políticas de salud y la pérdida de eficacia en aspectos estratégicos como son la investigación y desarrollo, o la formación del capital humano.

Tampoco es menor la preocupación que suscita el aspecto organizativo y de gestión del servicio público sanitario. Existe un gran acuerdo sobre la incapacidad de las estructuras tradicionales para gestionar eficazmente los centros sanitarios. Pero las diferentes respuestas -o experimentos- que van salpicando el Sistema de Fundaciones públicas sanitarias, concesiones administrativas, externalizaciones varias, entidades colaboradoras, y otros inventos, no responden al mismo modelo -público- ni rinden cuentas con la transparencia necesaria para su correcta evaluación.

No basta con pedir nuevamente poner el contador a cero mediante un saneamiento de las deudas acumuladas por distintos Servicios de Salud -unos más que otros- para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Sobretodo cuando se adoptan unilateralmente determinadas decisiones que contribuyen decisivamente a generar esas deudas.

O es que ¿es razonable comprometer la construcción de hospitales, cuantos más mejor, o renunciar a la propia capacidad tributaria, o renegociar al alza las condiciones financieras de una concesión administrativa ya otorgada, o ampliar prestaciones, sin coordinación alguna con quien después se pretende que pague la factura? Y ¿qué mensaje se envía al conjunto de agentes del Sistema Nacional de Salud cuando el resultado final puede estar primando de hecho la ineficacia en el control del gasto? ¿Por qué quien haya gestionado mejor, o aumentado la presión fiscal asumiendo el coste ante sus electores, o ajustado la oferta de prestaciones a su capacidad para financiarlas, habrá de recibir menos financiación porque tenga menos deudas?

Nuestra integración en la UE ofrece un buen elemento de referencia para la reflexión. Hemos venido siendo receptores de una financiación comunitaria decisiva para nuestro desarrollo. Pero tenemos que rendir cuentas de su utilización, adoptar las medidas necesarias para acabar con las ineficiencias, y responder de la coherencia de nuestras decisiones internas.

La viabilidad financiera del Sistema Nacional de Salud es un presupuesto fundamental para su funcionamiento. Y hay factores que explican el aumento de los costes que nadie discute. Pero una cosa es garantizar el crecimiento de la financiación sanitaria para atender mejor las necesidades de salud de la población en condiciones de igualdad y otra muy distinta es legitimar cualquier gasto bajo el epígrafe de sanitario. Porque la eficiencia en la gestión también debe ser un presupuesto para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

La burocracia, la falta de transparencia y de control democrático, la incapacidad de adaptación de los instrumentos de gestión de los servicios a las necesidades de unos ciudadanos cada vez más informados, más conscientes de sus derechos y por ello más exigentes, no sólo deterioran la calidad de los servicios; también son muy costosos.

No basta con asignar más recursos financieros a la sanidad, si no se adoptan al propio tiempo las medidas necesarias para avanzar en el objetivo de que el crecimiento del gasto se traduzca en mejores servicios y mejores prestaciones sanitarias. Y en ese proceso, cada cual debe asumir la responsabilidad de sus decisiones.

El debate sanitario nos interesa a todos, porque lo que de él resulte, nos va a afectar decisivamente. Se trata de nuestro derecho a la protección de la salud, del derecho a vivir sano, del derecho a que nuestra vida discurra en las condiciones adecuadas de calidad.