La UE declara ilegal parte de las ayudas al gasóleo en España
El Tribunal de Justicia de la UE ha apoyado la anulación de parte de las ayudas que España concedió a los agricultores en 2000 en compensación por los altos precios de los carburantes. En concreto, se dieron ayudas de 342 millones de euros para agricultores y pescadores, que incluían créditos blandos para los agricultores por valor de 210 millones. Además se otorgaron beneficios como prórrogas fiscales aplicables en el IRPF en la transmisión de determinadas fincas.
La CE ya dijo en 2002 que los préstamos, así como las ventajas fiscales por transmisión de explotaciones, eran 'controvertidas' e 'incompatibles', mientras que, por el contrario, consideró legales otras modificaciones en el impuesto sobre la renta y el IVA, y los beneficios en favor de las cooperativas agrarias. Entonces, España impugnó la decisión de Bruselas y pidió a los jueces comunitarios que la anularan, pero el Tribunal rechaza todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno español. En concreto, alegó que las bonificaciones al transmitir las fincas no favorecían a los agricultores que compraban tierras, sino a los vendedores, mientras que el Tribunal dijo que esta medida constituye un 'alivio' para determinadas empresas.
Por otro lado, el Gobierno español señaló que las medidas polémicas tuvieron un impacto muy inferior a la rebaja de los impuestos sobre los carburantes de los demás Estados miembros y a actuaciones de países como Alemania o Italia. El Tribunal dice que la CE obró legítimamente al considerar que tales ayudas afectaban a los intercambios entre países de la UE.
Incremento de tarifas
El Comité Nacional del Transporte por Carretera ha detectado que parte de sus empresas y autónomos asociados han empezado a subir las tarifas que cobran a sus clientes, los cargadores, para tratar de paliar así el efecto del progresivo encarecimiento del gasóleo de automoción.