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El Tribunal de la UE apoya anular ayudas a agricultores para paliar el gasóleo en 2000

El Tribunal de Justicia de la UE ha apoyado la anulación de parte de las ayudas que España concedió a sus agricultores el año 2000 en compensación por los altos precios de los carburantes.

Los jueces comunitarios desestimaron un recurso presentado por el Gobierno español contra una decisión de la Comisión Europea de 2002, en la que pedía a España que anulara y recuperara parte de esas dotaciones, por considerarlas incompatibles con el mercado común.

Los apoyos considerados ilegales fueron ayudas en forma de créditos bonificados y garantías a los titulares de explotaciones agrarias, así como la prórroga a los años 2000 y 2001 de los beneficios fiscales aplicables en el IRPF a la transmisión de determinadas fincas.

España otorgó en 2000 ayudas por valor de 342 millones de euros para los agricultores y pescadores afectados por el encarecimiento de carburantes; incluían créditos blandos para los agricultores por valor de 210 millones de euros.

La Comisión Europea dijo en 2002 que los préstamos, así como las ventajas fiscales por transmisión de explotaciones, eran "controvertidos" e incompatibles, mientras que, por el contrario, consideró legales otras modificaciones en el impuesto sobre la renta y el IVA, y los beneficios en favor de las cooperativas agrarias.

España impugnó la decisión de Bruselas y pidió a los jueces comunitarios que la anularan. En la sentencia de hoy, el Tribunal rechaza todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno español.

España alegó que las bonificaciones al transmitir las fincas no favorecían a los agricultores que compraban tierras, sino a los vendedores, mientras que el Tribunal dijo hoy que esta medida constituye un "alivio" que favorece a determinadas empresas.