Normas de inmigración, no de extranjería
El nuevo Reglamento de Extranjería ha sido finalmente pactado entre los agentes sociales y el Gobierno. Atrás queda el sobresalto que produjo el anuncio, por el Ministerio de Trabajo, de que la regularización se produciría vía denuncias y sanciones. Afortunadamente no ha sido así. Un buen pacto para una buena iniciativa que servirá para solucionar coyunturalmente el embolsamiento de trabajadores inmigrantes sin legalizar.
El Gobierno ya había anunciado que no quería proceder a una regularización universal, sino limitarse al colectivo de inmigrantes con trabajo. Se prima a la inmigración laboral, que es, con mucho, la más importante en nuestro país. De ahí que el acuerdo con empresarios y trabajadores fuese un auténtico imperativo para dar consistencia real a la norma. El contenido del acuerdo al que hemos tenido acceso nos parece bastante razonable. Los empresarios que tienen algún inmigrante irregular podrán regularizarlo, firmando un contrato de seis meses con el inmigrante que debe demostrar llevar al menos seis meses en España. Existen excepciones para los trabajos agrícolas y de la construcción, en los que ese compromiso de trabajo por seis meses podrá ejercerse a lo largo del año. También para el colectivo de empleadas del hogar existe un acuerdo específico, al exigirse acreditar sólo 30 horas de trabajo semanal durante un periodo mínimo de seis meses.
No debe llamarse Reglamento de Extranjería. No podemos seguir teniendo una ley que se denomine Ley de Extranjería. Sería mucho mejor utilizar el concepto de inmigración. Por ejemplo, Ley de Regulación e Integración Inmigratoria, con su consiguiente reglamento. El concepto de extranjería nunca podrá inspirar una política inmigratoria que debe tener los tres pilares de todos bien conocidos, el de la regulación de los flujos migratorios, el de la integración y el de la colaboración con los países de origen. Hasta la presente, hemos carecido de política inmigratoria. Sólo hemos tenido política de extranjería, obsesionada en dictar medidas para dificultar la entrada legal de inmigrantes en nuestro país, y en elaborar prolijas normas de expulsión imposibles de cumplir.
Hasta ahora sólo habíamos tenido una política obsesionada en dificultar la entrada legal de inmigrantes
La política inmigratoria no debe limitarse a los aspectos de regularización y de regulación de flujos. Debe aspirar a la correcta integración de estos inmigrantes. El concepto de integración es muy amplio, y muchas de las políticas que se podrían arbitrar bajo este epígrafe corresponden a las comunidades autónomas, como educación, sanidad o vivienda. Las normas estatales deben crear el marco adecuado para que se hagan posibles.
Es bueno para todos, sobre todo para los inmigrantes, que aprendan correctamente nuestra lengua. Si se estudian las legislaciones de otros países se encontrará con algunas iniciativas dignas de ser tenidas en consideración en la nuestra. Por ejemplo, la enseñanza del idioma, vinculada al proceso de regularización. No se trataría de hacer un examen, por supuesto, pero sí de acreditar la asistencia a alguno de los cursos de español específico para inmigrantes. Deberíamos pensar algo en esa dirección.
El actual Gobierno debe diseñar una adecuada política inmigratoria para los próximos años, durante los que, con casi toda seguridad, nuestra población inmigrante continuará creciendo hasta situarse en el 8%-10% de la media de nuestros vecinos europeos. Para ello será imprescindible la aprobación de una nueva ley inmigratoria, con el mayor consenso posible. El Gobierno podría sufrir la tentación de, tras aprobar el reglamento de regularización, dejar las cosas como están. Sería un grave error. A la vuelta de un año estaríamos de nuevo como estamos en la actualidad.
¿Cuántos inmigrantes se regularizarán? Nadie parece conocer la cuantía exacta, pero a buen seguro que nos encontraremos con un colectivo de cientos de miles de trabajadores. Con su afiliación, la Seguridad Social volverá a experimentar un ejercicio excepcional. Más afiliados, más superávit. Nuestras cuentas públicas se engrosarán con la ingente aportación procedente de la inmigración. ¡Para que todavía se eleven voces denunciando lo que nos gastamos en los inmigrantes! La influencia será más limitada en el crecimiento de empleos, ya que la EPA recogía estimaciones de estos trabajadores.
En resumen, un buen acuerdo. Felicitaciones para todos los que lo han hecho posible. ¡Que este impulso llegue hasta la aprobación de la necesaria nueva ley!