Bruselas ampliará la protección del cliente en los créditos al consumo
La Comisión Europea ha introducido una serie de cambios en su propuesta sobre armonización de créditos al consumo para que aumente la protección de los consumidores y que tengan toda la información que necesiten.
La portavoz europea de Sanidad y Protección de los consumidores, Beate Gminder, explicó ayer que con estos cambios se responde a las sugerencias realizadas por el Parlamento Europeo en el primer debate sobre la propuesta de directiva (ley-marco) que había presentado el Ejecutivo comunitario.
Estas nuevas normas cubrirán la mayor parte de las formas modernas de créditos al consumo, aunque dejarán fuera los hipotecarios y los superiores a 100.000 euros, así como aquellos acordados para ser devueltos, sin intereses, en un máximo de tres meses.
El objetivo de la nueva directiva es que se incremente la transparencia respecto a los costes, cláusulas y condiciones de los créditos al consumo, que los usuarios podrán comparar, de forma más sencilla, con otras ofertas de Europa.
El prestatario tendrá derecho a retractarse en un margen de 14 días sin dar ninguna justificación a la entidad de crédito y libre de cualquier gasto, explicó un comunicado de la Comisión. No obstante, el derecho de retractarse de un crédito 'no implica el derecho de retirarse de la compra de los bienes o servicios financiados por el acuerdo crediticio', precisa la nota.
Las entidades crediticias, por su parte, se beneficiarán de mejores posibilidades para evaluar los riesgos, pero deberán informase sobre sus clientes antes de concederles un crédito. Sin embargo, se ha eliminado de la propuesta la obligación para los Estados miembros de crear bases de datos para identificar a los consumidores que están sobrecargados financieramente.
A juicio de la CE, los ciudadanos necesitan saber exactamente lo que están pagando por sus créditos y poder compararlos con la oferta de los demás países de Europa. Sólo así, tendrán confianza y aprovecharán las oportunidades que ofrece el mercado interno para conseguir créditos más baratos a nivel transfronterizo, gracias al comercio electrónico, explicó.
La ausencia de una norma común reduce las transacciones transfronterizas y hace que el nivel de protección del consumidor sea diferente en cada Estado miembro. La propuesta de la CE debe debatirse en el Consejo de Ministros de la UE, y se espera llegar a una posición común a comienzos de 2005.