La UE cuestiona el blindaje legal de Berlusconi para eludir el juicio por fraude
Apenas tres días después de que Silvio Berlusconi viera rechazado en el Parlamento Europeo su candidato a comisario europeo de Justicia, el Tribunal de la UE zarandeó ayer también al magnate italiano cuestionando la relajación de la normativa contra el fraude contable que aprobó su Gobierno en 2002.
El primer ministro italiano, acusado en Milán -en un juicio todavía no concluido- de falsificar las cuentas de su compañía Fininvest entre 1986 y 1989, aprovechó su segunda llegada al poder en 2001 para modificar por decreto la legislación italiana sobre penalización de la falsificación contable.
Los jueces italianos encargados de las causas contra Berlusconi y algunos de sus socios trasladaron poco después al Tribunal de Luxemburgo sus dudas sobre la legislación aplicable a unos presuntos delitos cometidos con anterioridad al cambio legislativo.
El informe previo a la sentencia sobre la compatibilidad de la reforma con el derecho comunitario concluye que 'los márgenes de tolerancia con el fraude contable introducidos, no respetan la ley comunitaria'.
El Abogado General encargado de elaborar el informe añade que 'los Estados miembros tienen cierta discrecionalidad cuando instauran su sistema de penalizaciones, pero en ningún caso es ilimitada'.
El Tribunal tardará todavía varias semanas en dictar la sentencia. Si los jueces siguen la opinión del Abogado general, como ocurre en un 80% de los casos, la situación puede ser comprometida para Berlusconi y los empresarios que escaparon indemnes de casos de corrupción gracias a la reforma legal de 2002. Esa reforma redujo el castigo por fraude contable de seis años de prisión como máximo y multa de 20 millones de liras, a sólo un año de cárcel, pero con numerosas salvedades. La más significativa era la tolerancia con falsificaciones que no superasen el 10% del resultado contable. El Abogado general considera incompatible con el derecho comunitario ese establecimiento de umbrales de delito, así como la aplicación retroactiva de leyes penales que no respetan el derecho comunitario.