Las cuentas de ETA
Siempre me ha producido desconcierto la penumbra en que ha permanecido un capítulo tan decisivo como el de las finanzas de ETA. Es incomprensible el abandono prolongado de una cuestión de extraordinaria relevancia. Nunca hemos entendido por qué en los zulos y pisos francos aparecían armas y explosivos sin apenas rastro económico. Siempre nos hemos preguntado dónde estaba el dinero, cómo se movía. Porque para una empresa, incluso de pequeñas dimensiones el cambio de sus gerentes o responsables económicos representa una notable complicación: hay que ir al notario, cambiar los poderes concedidos, acudir a los bancos y cambiar las firmas autorizadas y advertir a clientes y proveedores.
En el caso de ETA estábamos intrigados sobre cómo conseguía, a pesar de las frecuentes caídas y detenciones incluso de gentes de máximo rango, que los pagos siguieran haciéndose con perfecta regularidad sin alteración alguna a los comandos, a las clases pasivas, a los abogados, a los presos, a las familias. ¿Cómo está organizada una empresa terrorista cuya nómina, por así decirlo, es seguramente de varios miles de personas, mediante qué sistema capilar consigue que lleguen los dineros en las cantidades pactadas con la puntualidad del AVE?
Ahora, casi por primera vez, fuentes de la lucha antiterrorista han informado, a partir de los primeros datos que se desprenden de la documentación incautada por la policía tras la desarticulación de la cúpula de ETA el pasado día 3, de que el jefe de la banda Mikel Antza manejaba un presupuesto anual de 1.200.000 euros.
Al bajo coste del terrorismo hay que sumar la carestía del mantenimiento del aparato político
En un cuaderno hallado en la casa de Salies-de-Béarn, donde vivían Antza y su compañera y colaboradora Soledad Iparraguirre Anboto, aparecen anotados los gastos que realizaban los diferentes aparatos de la organización terrorista. La puntillosa contabilidad abarca tres meses pero permite una extrapolación al conjunto de un año fiscal. Todo indica que controlaban una parte relevante de las finanzas etarras y que repartían mensualmente unos 100.000 euros para atender los gastos corrientes de la banda, sin incluir los fondos necesarios para la compra de armamento y explosivos o las subvenciones a organizaciones de su entorno.
Estas cifras coinciden con las adelantadas hace más de dos años por Ignacio Cosidó, cuando era jefe del gabinete del Director General de la Guardia Civil, en la ponencia presentada en el XIV Seminario Internacional de Defensa, celebrado en Toledo el 5 de junio de 2002, bajo los auspicios de la Asociación de Periodistas Europeos con el título de El terrorismo: una amenaza del siglo XXI.
En el volumen editado donde se compendian esas intervenciones y debates, Cosidó sostiene que el terrorismo es muy barato y que fija las necesidades estimadas en torno a 120.000 euros anuales, cantidad que es exactamente la misma ahora averiguada. A esa cifra, dice Cosidó se deben añadir 60.000 euros que corresponderían a gastos de los enlaces utilizados para dar información o para transportar elementos logísticos a los comandos. En su opinión el terrorismo es muy barato, de forma que la cantidad inicial que ETA pone a disposición de un comando está en torno a los 6.000 euros (para entendernos, un millón de las desaparecidas pesetas). Los datos obtenidos de la desarticulación de comandos han permitido comprobar que operaban con un presupuesto de 18.000 euros al año, que refleja la gran austeridad de la banda con sus liberados, obligados a justificar hasta los billetes de metro o autobús para dar cuenta a la organización del empleo de los fondos recibidos.
Luego, el presupuesto empieza a crecer como consecuencia de la necesidad de dotarse de un aparato de falsificación de documentos, de disponer de artefactos explosivos y del intento de dotarse de armamento aún más sofisticado. Pero al bajo coste del terrorismo hay que sumar la carestía del mantenimiento del aparato político con una nómina muy voluminosa de los liberados de Ekin, de las clases pasivas, de los deportados y de los presos, de los abogados, de las organizaciones afines y de la cooperación internacional.
A todas estas necesidades se subviene con las extorsiones del 'impuesto revolucionario' en sus diferentes tramos escalonados conforme a la renta estimada del 'contribuyente'. Pero hay otros manejos financieros cuyo descubrimiento y persecución, como acaba de resaltar en Financial Times el presidente del Comité Europeo correspondiente, Arthur Docters van Leeuwen, está bloqueado por el mantenimiento del secreto que ampara muchas transacciones.