El Gobierno busca un gestor para el registro de derechos de emisión
Medio Ambiente está buscando un gestor para el Registro de los derechos de emisión de CO2. Estos derechos serán intercambiados por las empresas afectadas por la directiva sobre el Protocolo de Kioto en el mercado de emisiones que empezará a funcionar el 1 de enero. En Francia, primer país europeo que ha contratado a un gestor para un registro de este tipo, la elegida ha sido la consultora PwC, que también ha sido seleccionada por Bruselas para analizar todos los planes de asignación nacionales.
Entre las tareas que le quedan al Gobierno español del duro proceso de aplicar la directiva europea sobre comercio de emisiones está la de buscar una firma privada que se ocupe de gestionar el Registro de derechos de emisión, que está adscrito legalmente al Ministerio de Medio Ambiente. Francia es el primer país europeo que ha dado un paso en este sentido, al haber adjudicado esta gestión a la oficina francesa de la consultora PriceWaterhouseCooper (PwC). Esta consultora resultó ganadora en un concurso en el que presentó un software propio para diseñar el Registro. En Inglaterra se ha desarrollado otro que ha sido comprado por un buen número de países. PwC Francia también fue seleccionada en julio por la Comisión Europea para analizar las posibles incoherencias que pudiera haber entre los distintos planes nacionales de asignación (PNA) de derechos que las autoridades comunitarias han tenido, y tienen, que evaluar.
Un experto señala que los derechos 'son títulos en los que debe figurar el propietario de los mismos y las cantidades asignadas y se renuevan anualmente'. En su opinión, 'todos los países tendrán un registro similar al francés'. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció hace pocos días que el Gobierno está buscando un gestor para el Registro español y recordó que funcionará uno por cada país y otro europeo. 'Este registro será la última instancia ante los conflictos que se puedan plantear en la aplicación de la directiva', señaló Narbona.
Aunque la decisión no se ha tomado, el Gobierno buscará firmas 'privadas o paraprivadas' para hacer esta importante labor. Fuentes cercanas a Medio Ambiente aseguran que el Colegio español de Registradores aspira a quedarse con la gestión. En el caso de PwC, la oficina española asegura que desconoce por el momento las intenciones del Gobierno. Esta consultora ha elaborado algunos informes sobre el Protocolo de Kioto, en los que concluye que su aplicación tendrá un coste muy elevado para la economía española.
Por el momento, el Gobierno quiere que la Comisión Europea incluya al PNA español en el paquete que va a aprobar antes de finales de mes. Aunque a los ministerios de Medio Ambiente y de Industria les queda por aprobar el reparto de derechos por instalaciones (1.066), en el Gobierno consideran que Bruselas no tendrá en cuenta esta circunstancia, 'pues lo importante son las asignaciones globales', señalan fuentes del mismo. Sí exige, en cambio, garantías a España sobre los 100 millones de toneladas que se compensarán por el desarrollo de proyectos limpios en Latinoamérica. Por el momento, España ha firmado un memorándum con Uruguay y ha recibido peticiones para hacer lo propio de un buen número de países.
De no entrar en este segundo paquete, la aprobación del plan español se incluiría en un tercero, el del grupo de los países del Este, y sufriría un retraso no deseado por el equipo de Cristina Narbona.
Un comisario menos 'verde'
La decisión sobre el PNA español va a coincidir con la salida de Margot Walström de la comisaría de Medio Ambiente, puesto que deja el 1 de noviembre para ocupar el de vicepresidenta de la Comisión Europea, informa Bernardo de Miguel. La bestia verde de las empresas europeas deja paso a un veterano político griego, Stavros Dimas, de 63 años sin veleidades ecológicas conocidas. Dimas trabajó en su juventud en el Banco Mundial y tras su regreso a Grecia ha ocupado un escaño parlamentario ininterrumpidamente durante los últimos 27 años. En estos momentos, está al frente de la comisaría de Empleo y Asuntos sociales.
El conservadurismo de Dimas ha aguado alguna de las iniciativas de su antecesora, la socialista Anna Diamantopoulou, singularmente la emblemática prohibición del uso del criterio sexual en el cálculo de las pólizas de seguros. El mismo talante se reflejará, previsiblemente, en la cartera de Medio Ambiente, máxime viniendo de un país que no destaca en el cumplimiento de la legislación medioambiental. Grecia abona desde hace unos años una multa de 20.000 euros anuales por incumplir una directiva sobre residuos peligrosos.
Los registradores, interesados en el negocio
El Colegio de Registradores ha manifestado su deseo de participar en la gestión del Registro de los derechos de emisión que se asignarán a las empresas españolas afectadas por la directiva del comercio de emisiones, que entra en vigor el próximo 1 de enero. El derecho equivale a un título de curso legal en el que figura el titular y la cantidad asignada, entre otros. Además, será necesario cambiarlo anualmente, en función de las reducciones o aumentos de emisiones de las empresas.