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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El Libro Blanco de la electricidad

El anuncio del titular de Industria, José Montilla, de que su ministerio quiere abrir un debate a la europea, esto es, con Libro Blanco incluido, sobre el marco regulatorio del sector eléctrico, ha sido recibido con sorpresa e interés por las empresas del sector. En el ámbito eléctrico, el nuevo Gobierno socialista se ha encontrado con varios escenarios: una pugna sonora entre las dos grandes empresas del sector que impide consensos en asuntos importantes como, por ejemplo, el Protocolo de Kioto; un mercado liberalizado en el que la competencia es un puro artificio; un sistema regulatorio que desincentiva las inversiones en distribución y se traduce por ello en deficiencias en el suministro cada vez más preocupantes, y una planificación energética cuyo resultado, como ya alertan algunas voces, es la sobrecapacidad en generación y la falta de rentabilidad de las nuevas centrales de gas que se están poniendo en marcha.

El gallinero eléctrico en el que conviven desde hace un año Endesa e Iberdrola, con ser el escenario más carnavalesco, es quizá el menos preocupante. Las denuncias mutuas entre dos empresas que históricamente han hecho frente común ante la Administración acabarán beneficiando al consumidor.

Más preocupante le resulta al Gobierno, a siete años de aprobada la Ley Eléctrica, la falta de competencia y el deterioro de la calidad del suministro. Aunque hay iniciativas legales en marcha, el Ejecutivo parece dispuesto a reformas más profundas y consensuadas. Así lo ha demostrado al anunciar un debate al que invitará a todos los agentes implicados. En él pueden aflorar asuntos que forman parte de las denuncias o reivindicaciones de las empresas: la desaparición de la tarifa regulada, algo peligroso si no se garantiza la competencia, la de los costes de transición a la competencia (CTC) o el mal funcionamiento del pool. La iniciativa de Industria es un paso importante para avanzar en una liberalización enmarañada que deben desenredar entre todos. Pero el proceso no debe tener como final una subida del precio de la electricidad.

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