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Crisis

Monti exige otros 550 millones a Izar y la SEPI anuncia su quiebra inminente

El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, se mostró ayer inflexible sobre la necesidad de que Izar devuelva las ayudas declaradas ilegales (526 millones de euros) e, incluso, anunció la culminación de otro expediente por valor de 550 millones. 'La empresa va a entrar en quiebra por su incapacidad para devolver esas ayudas', afirmó el presidente de la SEPI, al término de una larga reunión con el comisario. El plazo, tres meses. Fijado por Monti.

El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, optó por el cuartel general de Mario Monti como escenario para anunciar la 'disolución ordenada' de los astilleros públicos de IZAR. Tras un encuentro de más dos horas con el comisario, al que también asistieron los representantes sindicales de la empresa, Martínez Robles subrayó que 'tan pronto como la empresa reciba la nueva notificación entrará en proceso de disolución'.

El comisario Monti indicó durante la cita, en la que los sindicatos habían cifrado buena parte de sus esperanzas para una solución pactada del conflicto, que, antes de dejar el cargo el próximo 31 de octubre, cerrará un nuevo expediente relativo a las inyecciones de capital realizadas por la SEPI en los astilleros entre el año 2000 y 2002.

Esta vez, Bruselas exigirá la recuperación de unas ayudas por valor de 550 millones de euros, más unos 110 millones en intereses. La factura de la Comisión ascenderá entonces a 1.186 millones (incluidos los expedientes anteriores y sus intereses). Una cifra que, según Martínez Robles, 'no plantea un problema de tesorería, sino de patrimonio, que es mucho más grave'.

Los fondos propios de Izar en este ejercicio se calculan en apenas 200 millones, con una deuda de 230 millones, sin contar los 376 millones en ayudas declaradas ilegales por Bruselas en mayo. La normativa española aboca a una empresa en esa tesitura al llamado proceso concursal.

Este proceso, según Emilio González Bilbao, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Deusto, ofrece dos soluciones a la crisis: una a través de un convenio de continuación de la actividad económica del deudor y otra de conservación liquidativa 'que lleve la enajenación unitaria del conjunto de establecimientos empresariales del deudor'.

La SEPI ya ha optado por esta segunda y prevé la privatización de todo el segmento civil porque, según su presidente, 'los astilleros civiles españoles son perfectamente rentables. Si ahora no lo son es porque ha habido una gestión catastrófica'. La SEPI asegura que es la única manera de que la quiebra no arrastre a toda la empresa.

Los nuevos astilleros públicos militares sólo mantendrían los centros de producción de Cádiz, Puerto Real, Ferrol y Cartagena. La viabilidad del resto de centros dependerá del capital privado. La SEPI recuerda a los posibles inversores que 'no deberán asumir la deuda actual. Salen libres de carga'.

El comisario avala sin ambages esta segregación. 'Estoy de acuerdo con la separación propuesta de Izar y el mantenimiento de algunas actividades civiles, siempre que no excedan el 20% de las ventas actuales, en la nueva empresa militar'. Monti rechaza tajantemente, en cambio, cualquier solución que pase por nuevas ayudas y tan solo concede un plazo de tres meses para que el Gobierno y los sindicatos pacten la reestructuración. Con o sin plan, la quiebra será inevitable en diciembre.

Atentos a

Bruselas advirtió ayer que sólo autorizará las ayudas para favorecer bajas voluntarias, jubilaciones anticipadas y otras medidas para atenuar el impacto social de la liquidación de Izar si se recuperan los subsidios ilegales concedidos hasta ahora.

'Hay complicidad entre el Gobierno y Bruselas'

Los representantes sindicales desplazados hasta Bruselas para la reunión con el comisario Mario Monti percibieron cierto ambiente de encerrona en el llamado 'Patio Esmeralda' que acoge las oficinas de la dirección general de Competencia de la CE. 'Tenemos la sospecha de que hay un mayor nivel de complicidad entre el Gobierno y la Comisión que entre el Gobierno y los trabajadores y el conjunto de la sociedad española', acusó el representante de CC OO, Felipe López. 'Y eso es lo que hoy hemos podido constatar'.Los sindicalistas expresaron al término del encuentro su 'sorpresa' ante el respaldo de Bruselas al plan de reestructuración de la SEPI. 'Aventurar si la fórmula industrial de futuro es al segregación está más allá de las competencias de la Comisión', se quejó López en nombre de los sindicatos. 'La CE no tiene por qué establecer la titularidad de una empresa'. Los sindicatos presentes en la reunión advirtieron que 'no vamos a admitir una salida en que la mitad de la plantilla no sepa a dónde va'. 'Si no se negocia, vamos a una situación altamente conflictiva'.

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