El riesgo del 'INI' autonómico
El endeudamiento de las comunidades autónomas no ha dejado de crecer desde la creación de la actual estructura política territorial. Y eso a pesar de que, en los últimos años, la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha introducido ciertas dosis, insuficientes aún, de racionalidad y control. Como en la estructura estatal, los administradores autonómicos han esquivado los controles comunitarios para recurrir al endeudamiento y financiar proyectos de inversión, aunque en muchos casos encubren superfluos gastos en absoluto imprescindibles.
En los tres últimos años, la deuda de las sociedades creadas por las autonomías para este tipo de proyectos inversores se ha duplicado, y llega ya al 1,3% del PIB. Esa deuda es prácticamente la misma que la que tienen todas las empresas públicas de carácter estatal, si bien en este caso se ha reducido por el proceso continuado de adelgazamiento del sector empresarial público a causa, principalmente, de las privatizaciones. Los ayuntamientos también han aportado su cuota en esta carrera desenfrenada por la inversión, aunque con más sosiego, dada la estrechez de sus competencias.
El Banco de España ha identificado el volumen de esta deuda empresarial autonómica, lo que contribuye a su monitorización ulterior y fiscalización por las autoridades económicas. El Gobierno debe estrechar el control del endeudamiento de esos INI de nuevo cuño, que en buena parte escapan al cómputo de déficit excesivo y distorsionan las cuentas reales de las Administraciones autonómicas, y, por pasiva, del agregado de todas las Administraciones públicas. Las modificaciones en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que han relajado el control de las finanzas regionales, no deben dejar en zona de oscuridad un volumen de endeudamiento tan elevado como el que ya tienen sus empresas públicas.