Carrera hacia la Casa Blanca/4

Una política exterior para los trabajadores

El jueves pasado, el comisario de comercio de la UE, Pascal Lamy, se levantó de la mesa de negociaciones en la que estaba sentado con su homólogo americano, Robert Zoellick. Puede llegar un nuevo conflicto entre ambos socios ante la OMC. Esta vez el desacuerdo son los subsidios a la industria aeronáutica que se pactaron en 1992 y que afectan a Boeing y Airbus.

El desacuerdo podría ganar perfil en la campaña justo cuando los candidatos a la presidencia, John Kerry y George Bush, se enfrenten en el último debate antes de las elecciones. Ese encuentro televisivo tendrá como tema principal la política económica y tras una crisis que se ha cobrado millones de puestos de trabajo y ha puesto de manifiesto la emergencia de la deslocalización de trabajadores cualificados (offshoring), Bush quiere reforzar la idea de que es un presidente que lucha por los puestos de trabajo ante la competencia desleal de otras naciones.

Y lo tiene que hacer porque el paro y el llamado offshoring han dado tribuna a los que defienden una agenda comercial restrictiva y vigilante, una posición en la que se coloca Kerry mientras él pregona los beneficios para la productividad de este fenómeno.

La crítica a la deslocalización es una baza demócrata en los Estados más deprimidos

Kerry habla de imponer gravámenes fiscales a las empresas para impedir la deslocalización y de revisar los tratados comerciales como el Nafta (que liberalizó los mercados en Norteamérica) para incluir nuevas salvaguardias de los derechos de los trabajadores y medidas para la protección del medio ambiente. El candidato demócrata se opone al Acuerdo de Libre comercio con América Central (Cafta) porque dice que no protege a los trabajadores. Su crítica es un arma electoral, sobre todo en los estados que más sufren la falta de empleo.

Curiosamente, Bush defiende estos acuerdos y el offshoring cuando durante toda su legislatura ha mantenido una aproximación a las relaciones comerciales contradictorias con su autocalificación de defensor del libre comercio. Los subsidios a la siderurgia americana y las ayudas a la agricultura que se ampliaron en su legislatura no están en consonancia con estos principios.

Un informe de la UE en 2003 asegura que se han promovido barreras comerciales encubiertas. Desde Bruselas se constata que muchos recortes fiscales son ayudas. Uno de estos, los FSC, ayudas fiscales a las ventas, son objeto de una de las más graves sanciones de la UE. Bush ha pedido al Congreso que enmienden los FSC pero la reforma aún está en trámite y las sanciones continúan. A la vez, está presionando a China, país con el que tiene un fuerte déficit comercial, para que acabe con el dumping y flexibilice su tipo de cambio.

Los críticos a Bush argumentan que la Autoridad Comercial ha sido usada para cerrar acuerdos comerciales políticamente motivados como el alcanzado con Marruecos, EAU u Omán, socios menores de EE UU. Académicos como Jagdish Bhagwati, declarado demócrata, cree que en las últimas rondas multilaterales de comercio, Bush ha mostrado músculo para dar empuje a acuerdos que no se han podido concretar por falta de una voluntad global.

Una encuesta del Chicago Council on Foreign Relations indica que los ciudadanos creen que el primer objetivo de la política exterior debe ser proteger a los trabajadores. El profesor del MBA de Tuck y exasesor comercial del gobierno, Joseph Massey, dice que en este campo,'hay decisiones económicamente correctas pero emocionalmente equivocadas'.