Cuentas públicas de 2005

Los grandes retos

La elaboración de los Presupuestos de 2005, junto con el anticipo de cierre de 2004, se han llevado a cabo bajo una apuesta decidida del Ministerio de Economía por un alto grado de transparencia en las cuentas públicas y, en general, en la información contable proporcionada por las Administraciones.

Esta orientación merece todo elogio. Es la mejor garantía de saneamiento financiero, y posibilita un crecimiento sostenido. Tiene, sin embargo, alto coste político, pues será una referencia a evaluar en el futuro, y deteriora la posición presupuestaria, al reconocer partidas de gasto no contabilizadas en los Presupuestos del Gobierno anterior. Economía ha elevado la estimación de déficit del Estado para 2004 al 1,8% del PIB, al ir aumentando los compromisos del actual Gobierno. Por ello es muy positivo oír de los responsables ministeriales que, a pesar de ese reconocimiento de deudas contraídas antes, el endeudamiento se reducirá del 50,7% al 49,3% en 2004, y en 2005 al 46,7% del PIB, pues es la mejor referencia de saneamiento a largo.

La Ley de Acompañamiento ha sido enormemente perjudicial para los usos democráticos, al permitir legislar sin control parlamentario. Su desaparición es otra señal de que la búsqueda de transparencia es seria, y no cabe sino aplaudirla, como clara muestra de rigor presupuestario y político.

Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense

El gran reto en la búsqueda de transparencia se refiere a la financiación de las comunidades autónomas y corporaciones locales, en dos sentidos. Primero, en lo relativo a aclarar su compleja contabilidad, que aparece con importante retraso y con una frecuencia que impide su seguimiento. Junto con la violación por 13 autonomías de los criterios que se habían impuesto desde el ministerio, existen las prácticas de crear empresas interpuestas para asumir compromisos de pagos, emisión de deuda, etcétera. Poner orden en este entramado será tarea sumamente difícil, que implicará correcciones al alza en los niveles de déficit y de endeudamiento conocidos.

Segundo, en lo que se refiere a la estructura actual de cesiones tributarias y de transferencia de competencias. Junto con el modelo de solidaridad interregional, ello determina la situación presupuestaria de los Gobiernos autonómicos, que han de hacer frente a sus responsabilidades contables. Lamentablemente, los déficit de algunas comunidades indican que se ha actuado con poco rigor, y es discutible la conveniencia de utilizar los recursos que el Estado obtiene de los contribuyentes para resolver estos casos. Consideración especial merece la financiación de los sistemas sanitarios autonómicos, aunque habrá que distinguir los casos en que el déficit surge por una posible falta de adecuación de recursos y competencias, y en los que proviene de gasto poco responsable.

El debate sobre los modos de financiación autonómica es de suma importancia, y haría bien el ministerio en mejorar el nivel de conocimiento de la sociedad acerca de estas cuestiones. Es bueno que la sociedad privada, que genera los recursos que luego se gestionan desde el sector público, pueda evaluar el rigor de dicha gestión, así como el grado de solidaridad económica y el ámbito geográfico en que ésta ha de ejercerse. También sería bueno que nuestros dirigentes aprendieran la lección. Pocas cosas contribuyen más a afianzar el diseño de un país.