El futuro comisario de Empleo quiere poner garantías mínimas de protección social en la UE
El futuro comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla, ha anunciado su determinación de presentar en breve una comunicación para establecer en los Veinticinco mecanismos de garantías mínimas de protección social.
El político checo ha pasado con éxito su audición ante las comisiones de Empleo y Mujer del Parlamento Europeo, en la que era la primera de las 24 que se producirán a lo largo de los próximos quince días para examinar a cada uno de los miembros del Colegio de comisarios propuesto por José Manuel Durao Barroso.
Spidla ha recordado que los sistemas de protección social son muy diversos en la UE, lo que refleja diferentes tradiciones y niveles desiguales de desarrollo económico y social, que además se han incrementado con la ampliación hacia el este. Sin embargo, los niveles de gasto en pensiones, desempleo y alocaciones familiares, asistencia social y sanidad tienen tendencia a converger y fenómenos como el envejecimiento de la población y los cambios estructurales del mercado de trabajo, contribuyen a ese acercamiento.
No obstante, el comisario, que entrará en funciones el próximo 1 de noviembre, ha señalado que "no hay ninguna intención de armonizar las legislaciones nacionales de protección social".
Modelo social europeo
Por otra parte, preguntado por sus prioridades más generales, Spidla ha indicado que "la competitividad", tantas veces planteada como objetivo de la UE, "es un concepto abierto", pero lo que realmente hay que perseguir es "calidad de vida". Y es que, en su opinión, "el modelo social europeo es parte esencial de nuestra competitividad".
El comisario ha apuntado que los que creen que abandonándolo la UE ganaría en competitividad, se equivocan, puesto que "es justo lo contrario". "Pero este modelo no puede ser un museo, hay que modernizarlo", ha subrayado.
En este sentido, ha apuntado que el modelo social europeo puede ser observado desde diferentes formas según los países, pero su punto en común es que las políticas sociales ofrecen una inversión sostenible en el desarrollo económico mientras que, simultáneamente, los progresos económicos apoyan la solidaridad y la justicia social.
Spidla ha remarcado que durante su mandato continuará poniendo en el centro de los objetivos la Estrategia de Lisboa y más en concreto será "prioridad absoluta" la creación de empleo para llegar a una tasa del 70% y del 60% entre las mujeres. Estas cifras, incluidas en la Agenda de Lisboa, "no deberían cambiarse demasiado", añadió.
Por otra parte, frente a las preocupaciones de algunos eurodiputados sobre los trabajadores de los diez nuevos entrantes, el comisario se ha comprometido a mejorar el desarrollo de la libre circulación de personas en la UE. De hecho, puso como ejemplo a los tres Estados miembros que aplicaron la libre circulación desde el 1 de mayo, puesto que "no parece que haya habido grandes novedades". "En mi opinión, es necesario que la libre circulación sea plena lo antes posible", ha agregado.
El caso irlanés
Spidla, que ha señalado que las perspectivas financieras 2006-2013 deben movilizarse a favor de la Estrategia de Lisboa para lograr "sinergias", ha observado que hay que reflexionar en casos como el de Irlanda, que ha usado los medios financieros a su disposición dando "un excelente ejemplo".
Sin mucho margen de maniobra, el responsable de Empleo ha intentado responder a las preocupaciones de los eurodiputados en cuanto a la propuesta de la Comisión Prodi sobre la Directiva de tiempo de trabajo, que afecta a 215 millones de europeos en el mercado laboral.
"Lo que ha hecho la Comisión hasta ahora ha sido tratar de llegar a un acuerdo. Es una directiva aún en estado de debate. Vamos a intentar identificar una reforma que pueda suscitar un apoyo más sólido", ha dicho intentando suavizar la situación. Su objetivo poder cerrar esta norma en presidencia luxemburguesa, durante el primer semestre de 2005, algo que es a su juicio "un calendario ambicioso" pero necesario puesto que después corresponde a Reino Unido la presidencia. "No quiero que quede aparcado seis meses más", planteó.
Por otra parte, Spidla se mostró determinado a usar todas sus competencias contra los Estados miembros que no apliquen una directiva en los plazos previstos, aunque subrayó que aplicando una política de tolerancia cero once de los 15 Estados miembros han alcanzado el objetivo y solamente cuatro no lo han hecho.