TRIBUNA

Vapuleo a España

El Tribunal de Justicia europeo ha dado un serio varapalo a España por no transponer la directiva contra la morosidad de los pagos comerciales. El plazo para trasladar esta norma al ámbito legal de los socios europeos finalizó hace ya dos años, y España es el único miembro de la UE que aún no lo ha hecho

El Tribunal de Justicia Europeo ha admitido el recurso interpuesto por la Comisión Europea (CE) por el que se denunciaba a España por no transponer la Directiva 2000/35/CE sobre morosidad (que incluye importantes medidas para proteger a los proveedores) y ha emprendido acciones legales para sancionar al Estado español, por incumplimiento en la transposición obligatoria de una directiva del Parlamento Europeo. El plazo para transponer tenía como fecha límite el 8 de agosto de 2002. Hay que recordar que en febrero de 2004, el Colegio de Comisarios de la Unión Europea había presentado una denuncia contra el Gobierno español ante el Tribunal de Luxemburgo, por no transponer la citada directiva.

España se ha convertido en el último país de la UE en hacer la transposición de la directiva, ya que incluso otros países nada diligentes en transponer dicha ley, como Grecia, Portugal y Luxemburgo, ya lo hicieron hace varios meses. Y, además, los 10 países que se han incorporado recientemente a la Unión Europea, ya han transpuesto a sus respectivas legislaciones la directiva europea antimorosidad.

Esta postura de irreductibilidad del Estado español frente a una ley europea, es digna de los famosos galos Asterix y Obelix, pero ha puesto a España en el punto de mira de las instituciones de la Unión Europea.

Habrá que ver si las sanciones del Tribunal de Luxemburgo pueden quedar atemperadas al haber presentado el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el pasado 22 de junio, el Proyecto de Ley 121/000001 por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

Aunque lo más trágico de todo este proceso es que las posibles consecuencias van a recaer en el actual Gobierno socialista, que no tiene ninguna culpa y va a pagar los platos rotos (o, mejor dicho, la falta de diligencia) del anterior Gobierno del PP.

Hoy pocos recuerdan que en el mes de julio del 2003 el Gobierno de Aznar, envió al Congreso de Diputados el proyecto de ley 121/000162, por el que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en los pagos. Dicha ley se estuvo tramitando en el Parlamento, pero no pudo ser transpuesta por un problema de tiempo, ya que el trámite legislativo quedó paralizado debido a la disolución de las Cortes ante las elecciones generales del 14 de marzo y el proyecto de ley decayó. Curiosamente fue uno de los pocos proyectos legislativos que caducaron en la anterior legislatura. Aquí cabría preguntarse si la no aprobación de la ley fue debida a la mala suerte, o a un afinado cálculo de los plazos parlamentarios.

Ahora bien, lo que sí podemos afirmar es que el Gobierno Aznar nunca demostró una gran diligencia en efectuar la transposición de la Directiva, a pesar de que el 12 de marzo del año 2002, ante el inminente vencimiento del plazo para la transposición de la ley, fijado por el Parlamento Europeo, el Congreso de Diputados aprobó por una aplastante mayoría de 272 votos a favor y ninguno en contra una moción presentada por el diputado Sánchez i Llibre, de CiU, instando la Gobierno del PP a adoptar las medidas para luchar contra la morosidad y transponer con carácter urgente la Directiva europea.

Todo ello a pesar de las reticencias manifestadas de forma reiterada por el que era en aquel entonces vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, don Rodrigo Rato, que mantuvo en el debate parlamentario la tesis que en España el combate contra la morosidad iba bien y que no era prioritario adoptar medidas al respecto. Naturalmente, ningún grupo parlamentario, incluido el PP, aceptó esta opinión, como quedó patente en los resultados de la votación de los diputados.

Sin embargo, y a pesar de la resolución del Congreso, el 8 de agosto del 2002, que era cuando vencía el plazo fijado por el Parlamento Europeo, el Gobierno de Aznar todavía no había iniciado los trámites para la transposición.

Este hecho motivó que el 30 de octubre del 2002, el grupo parlamentario de CiU en el Congreso de Diputados a través del diputado Josep Sánchez i Llibre preguntara al vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía, Rodrigo Rato, cuándo pensaba el Gobierno remitir a las cámaras un proyecto de ley para la transposición de la Directiva contra la morosidad. La respuesta del señor Rato fue que, aún reconociendo que el 12 de marzo del 2002 el Congreso de Diputados aprobó una moción después de la iniciativa parlamentaria de CiU, que instaba al Gobierno a hacer la transposición de la directiva europea 2000/35 contra la morosidad, el Gobierno de Aznar no consideraba prioritario el anteproyecto.