TRIBUNA

Soy discapacitado y busco un empleo

Las personas discapacitadas tienen mayores dificultades para encontrar un empleo que el resto de la población, debido sobre todo a que se enfrentan a unas necesidades y dificultades especiales a la hora de acceder y permanecer en el mercado de trabajo. A pesar de los avances en los últimos años en la UE, estas necesidades tienen su reflejo en una mayor tasa de desempleo y una baja tasa de actividad de las personas discapacitadas en comparación con la estimada para toda la población.

En los distintos Planes Nacionales de Empleo de cada uno de los Estados de la UE se recogen dos tipos de políticas públicas: políticas pasivas, basadas principalmente en prestaciones económicas sustitutivas de los ingresos derivados del trabajo y, políticas activas orientadas a incentivar la formación ocupacional de la persona discapacitada y su inserción laboral.

Dentro de este último tipo de políticas, y en función de las capacidades de la persona discapacitada es posible identificar varias opciones en su itinerario de inserción laboral: los centros ocupacionales, los centros especiales de empleo, el empleo de apoyo y el empleo normalizado u ordinario.

Para favorecer la integración laboral se han establecido instrumentos jurídicos de discriminación positiva dirigidos a fomentar la contratación en el sistema ordinario de trabajo, su integración como trabajadores autónomos y su incorporación a centros especiales de empleo. Por ejemplo, por cada contrato indefinido a un trabajador minusválido se establece una subvención de 3.906,58 euros, una deducción de la cuota integra en el Impuesto de Sociedades de 4.808,10 euros y bonificaciones en las cuotas empresariales del 70% o 90%, dependiendo de si el trabajador minusválido tiene menos o más de 45 años.

También existen otras modalidades contractuales con diferentes ventajas como el contrato temporal de minusválidos acogido a fomento del empleo, el contrato para la formación de trabajadores minusválidos, los contratos en prácticas de minusválidos, la integración de minusválidos en cooperativas y sociedades anónimas laborales, etcétera.

También se han introducido medidas para la adecuación de los puestos de trabajo, la dotación de medios adecuados para la prevención de riesgos laborales específicos, y quizás las más significativas, el establecimiento de cuotas obligatorias de empleo para las personas discapacitadas y el fomento del empleo en las Administraciones.

Con respecto a las cuotas de reserva aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores fijos dentro de su plantilla están obligadas a emplear a un número de discapacitados no inferior al 2% de la plantilla (Ley 13/82, art. 38.1). La aprobación del Real Decreto 27/2000 sobre las Medidas Alternativas planteó tres nuevas alternativas excepcionales. La primera y segunda vías del Real Decreto permite a la empresa la contratación de productos y/o servicios con un centro especial de empleo o trabajador autónomo discapacitado, mientras que la tercera se plantea como una donación a fundación o asociación declarada de utilidad pública.

Desde un punto de vista práctico, organizaciones sindicales denuncian que las empresas prefieren pagar la penalización que se les impone por no cumplir la cuota. Esto ocurre en el mejor de los casos, ya que en otros las empresas tramitan una oferta de contratación de una persona discapacitada a través de los servicios públicos o privados que al final jamás se cubre (según las empresas por falta de adecuación del candidato al perfil solicitado), pero que sirve como prueba de cumplimiento ante una posible inspección de trabajo, alegando que se está en trámites de contratación.

Hoy en día, las personas discapacitadas empleadas poseen una mayor edad que el resto, están menos formadas y ocupan puestos de trabajo con características inferiores (por ejemplo, ocupaciones poco cualificadas y con contratos más precarios).

Las actitudes de los empresarios hacia las personas discapacitadas y sus dudas sobre su capacitación efectiva para la realización de un determinado trabajo va cambiando lentamente gracias a las campañas de información y concienciación. Sin embargo, la falta de confianza, determinados comportamientos discriminatorios y el desconocimiento de los empresarios hacia las personas discapacitadas se configuran hoy como uno de los principales obstáculos que dificultan la participación y empleabilidad de las mismas dentro del mercado de trabajo.