'No' al proyecto de Constitución europea
En sus prisas por ser el primero en someter a referéndum y aprobación el proyecto de Constitución europea, el Gobierno parece dispuesto a todo tipo de triquiñuelas tales como combatir una postura irreprochablemente democrática, como es la abstención, y a aprovechar la ocasión para comprar la aquiescencia de sus cuates -o sea, los restantes partidos políticos- regalándoles nuestro dinero mediante la modificación de sus reglas de financiación.
Todo ello podría interpretarse sólo como un ejemplo del típico complejo español de aparentar en lugar de ser sino se tratase de ocultar a los ciudadanos qué es y qué ventajas reporta el prolijo y presuntuoso texto conocido como proyecto de constitución que deberemos votar a comienzos del año próximo. Y como soy, me temo, uno de los pocos convencidos de que tal texto es innecesario y contraproducente, me apresuro a explicar mis razones.
La primera es que este proyecto de más de 250 páginas -las primeras de las cuales son un Preámbulo que acoge todos los tópicos de los que es capaz un grupo de burócratas europeos dirigidos por un relamido político francés- es totalmente innecesario puesto que la actual complejidad derivada de los tratados que rigen la Unión no exigía una constitución sino algo más razonable y modesto: un nuevo tratado, bien meditado y mejor elaborado, que definiese la arquitectura institucional de la UE. Pero es que, además, resulta pomposo hablar de 'constitución' para algo que más que una comunidad política es, simplemente, un conjunto de normas e instituciones impuestas por unos modernos déspotas ilustrados a unos pueblos europeos que raramente han tenido ocasión de expresar su parecer y que cuando se les ha dado la ocasión no pocas veces han rechazado las propuestas de esos políticos, amén de mostrar periódicamente su desinterés por el futuro de la que se supone institución básica: el Parlamento Europeo.
Pues bien, como demócrata y partidario de la libertad rechazaré este proyecto por una razón de entidad: a saber, porque la distribución de competencias que propone entre la Unión y los Estados miembros supone que los ciudadanos europeos tendrán cada vez menos posibilidades de controlar un abanico creciente de decisiones trascendentales que pasarán a un entramado -que no de otra forma puede definirse- completamente extraño a aquellos en nombre de quienes, se supone, se decide. Y por añadidura, este fenómeno de alejamiento entre gobernantes y gobernados se acentuará en la misma medida en que la UE se amplía, confirmándose de esta forma la negación misma de la democracia europea como forma de gobierno.
Como me imagino que no pocos lectores me tacharán de demagogo, me centraré en el papel que desempeña el órgano que reúne las esencias democráticas: el Parlamento Europeo. Los europeístas profesionales deberían explicarnos cómo es posible que a medida que el legislativo ha ido adquiriendo mayores competencias el desinterés de los votantes por él ha ido aumentando. La explicación me parece sencilla y, desde luego, el panorama resultante debe preocuparnos. El ciudadano europeo percibe que a pesar de sus numerosas competencias, el Parlamento tiene un peso específico muy liviano y que la efectividad de la actuación de los representantes de los pueblos europeos es prácticamente nula porque, en mi opinión, existe un vicio de raíz que lo contamina todo.
Me refiero a que estos parlamentarios -cuya elección es siempre una pálida replica de los comicios nacionales, en parte por la ausencia de auténticos partidos europeos- no son vistos por los ciudadanos como un medio para controlar efectivamente ni a la Comisión ni a los Consejos de Ministros por lo que, como votantes, sabemos que nuestra influencia en las decisiones políticas europeas es prácticamente nula y que tampoco podemos -por mucho que se nos aturda hablando de 'valores' e 'ideales'- como sucede en nuestros respectivos Estados, llevar a la práctica el poder esencial de cualquier democracia auténtica: sustituir a un Gobierno por otro.
En conclusión, estoy en contra del proyecto de constitución europea no por los motivos parroquiales de los nacionalismo periféricos ni por los del seudoprogresismo de las izquierdas oficiales. Lo estoy por una razón distinta: porque aun cuando el proyecto confirma formalmente mi idea de Europa como confederación de Estados -que son la única fuente de legitimidad de la Unión- y no como Estado federal, su concepción del proceso de integración agrava la perversión de la cultura democrática que padecen todos y cada uno de los Estados miembros, comenzando por mi propio país.