Cataluña y Valencia acumulan el 95% de todo el déficit de las regiones
Las comunidades autónomas saldaron la reunión de ayer con el vicepresidente Solbes con una flexibilización global de las exigencias de equilibrio en sus cuentas. Sólo Valencia y Cataluña tendrán que presentar un plan de saneamiento, pero podrán seguir en déficit hasta 2007.
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se cerró ayer con un buen resultado para el grueso de las comunidades autónomas, y en particular para la valenciana. Su consejero de Economía, Gerardo Camps, anunció la víspera que exigiría un trato igual al de Cataluña, a la que el Gobierno había permitido seguir en déficit hasta 2007. Camps logró un paso más: el plan de saneamiento de la Comunidad Valenciana durará tres años a contar desde el momento en que se apruebe, y no desde 2003, el año en que incurrió en el déficit. Además, tanto Valencia como Cataluña podrán presupuestar déficit en 2005, 2006 y 2007.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, explicó tras la reunión que en ella se buscaba 'sacar conclusiones sobre la palabra y los hechos' en el ámbito de los compromisos presupuestarios de las comunidades autónomas. Con un total de 1.778 millones de euros, 11 de las 17 comunidades autónomas cerraron 2003 con déficit presupuestario, pero sólo Valencia y Cataluña, que suman el 95% del total, tendrán que sanearlo de momento. Son las únicas que superan el límite de déficit de 0,049% del producto interior bruto nacional, y deben presentar el 8 de octubre un plan de saneamiento que detalle cómo esperan volver al equilibrio presupuestario tras un periodo de tres años, es decir, en el ejercicio 2008.
El déficit de la Comunidad Valenciana, casi diez veces superior al de la tercera comunidad más endeudada (Baleares), se debe, según Camps, 'en casi dos terceras partes' al déficit sanitario. Respecto a los más de 370 millones restantes, Camps los achacó al 'enorme esfuerzo' realizado en infraestructuras educativas.
Las Administraciones públicas tendrán un ligero déficit en 2004
El vicepresidente Solbes aprovechó la rueda de prensa posterior a la reunión para detallar las cifras remitidas a Bruselas sobre el ejercicio 2003 y para reiterar la previsión para 2004.En 2003 el conjunto de las Administraciones públicas tuvo un superávit de 3.118 millones de euros, el 0,42% del PIB. El buen estado de las arcas de la Seguridad Social, con un superávit del 1,08% del PIB, compensó los desfases presupuestarios del Estado (-0,34%) y del conjunto de las comunidades autónomas (-0,24%). Valencia y Cataluña suman 1.694 de los 1.778 millones de déficit de éstas.En 2004 el Gobierno espera un déficit del Estado del 1,12%; por un superávit del 0,8% en la Seguridad Social, y del 0,24% de las CC AA, lo que lleva a un déficit de las Administraciones públicas del 0,08%.
Plan de equilibrio para las que quieran endeudarse
Gerardo Camps se quejó amargamente del criterio utilizado por el Gobierno para discriminar las comunidades que requieren un plan de saneamiento. El vicepresidente Pedro Solbes explicó que el texto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria define ésta de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. En éste se mide el déficit en porcentaje sobre el PIB nacional, con una sola décima. Así, las comunidades que no superan el 0,049% del PIB aparecen a estos efectos como equilibradas. 'Está claro que varias comunidades deberían sanear sus cuentas, pero la ley no se lo exige', aclaró Solbes. 'Lo que sí va a hacer el Gobierno es exigir dicho plan de saneamiento a todas las comunidades deficitarias que pretendan ampliar su endeudamiento a largo plazo', anunció.La reunión también sirvió para que los consejeros de Economía de Cataluña, Canarias, Galicia y Andalucía expresaran su preocupación por la financiación de la sanidad, responsable de la mayoría de los déficit de las comunidades. Solbes advirtió que el sistema actual es 'teóricamente cerrado', por ser la sanidad competencia autonómica. 'Sin embargo, está claro que el problema existe', reconoció, 'lo que debe generar un debate entre las partes'. Según el ministro de Economía, 'aunque no es un problema en el que el Gobierno tenga la responsabilidad fundamental, es imprescindible su cooperación para solucionarlo'. 'Somos conscientes de que no es un problema financiero, sino algo más complejo que habrá que tratar con calma y que antes o después tendremos que afrontar', sentenció.