Eficiencia política frente a económica
Estamos asistiendo a un interesante debate sobre el posible traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Cataluña. La organización administrativa del Estado es responsabilidad exclusiva de los Gobiernos, por lo que sólo cabe aportar algunas visiones que pudieran considerarse en la decisión de cambio. Este tema cabe analizarlo desde tres aspectos: la eficiencia política, la eficiencia económica y las alternativas.
La eficiencia política justificaría el traslado si del mismo se derivaran claros beneficios de interés general, como podrían ser: una implantación de nuevas empresas, un aumento de inversiones en una zona necesitada, una creación de empleo neto, una culturización social, una multiplicación de externalidades sobre actividades relacionadas o un acercamiento a los administrados.
En este caso resulta difícil reconocer esos beneficios, ya que la CMT no desarrolla ninguna actividad comercial que induzca a la creación de empresas o a la realización de inversiones en el ámbito de su sede, ni de su actividad se derivan externalidades sobre otros sectores de actividad estratégicos, como el de I+D.
Los costes operativos de la CMT no parecen dependientes de su ubicación, quizá sí los de implantación
Podría ser un instrumento para desarrollar el sector de telecomunicaciones en Cataluña. Ya en los noventa participamos en un debate sobre posibles implantaciones fabriles en esa región, y señalábamos que la mejora técnica y la eficacia económica favorecerían la concentración de éstas, por lo que el objetivo era ilusorio.
La posterior apertura de los mercados de servicios creó múltiples operadores en distintos ámbitos y segmentos de mercado, que necesariamente pasarán por un proceso de consolidación. Se hace difícil imaginar que puedan trasladar sus centros de actividad si no hay implícita una mejora de eficiencia económica.
El propio Gobierno catalán ha intentado crear operadores autóctonos, con Menta, con Alpi, y con la infraestructura de la red catalana de radio y televisión, pero la dictadura de los mercados ha diluido la capacidad local de decisión de esos operadores. Incluso políticamente indujo la localización de la sede de Auna, pero su filial más valiosa, Amena, se ubicó en Madrid.
Lo mostrado permite, al menos, plantear dudas sobre la consecución de los objetivos políticos esperados.
La eficacia económica justificaría el traslado si se derivaran ahorros o beneficios, directos en la propia función administrativa de la CMT, o inducidos en ese u otros sectores económicos. Los costes operativos de la CMT no parecen dependientes de su ubicación (quizá sí los de implantación), y los inducidos en otros agentes no tienen un peso significativo en su cuenta de resultados como para que su alteración sea trascendental.
Sin embargo, es conocida la importancia que tiene la acción regulatoria en el posicionamiento estratégico de los operadores en sus mercados. De las 421 licencias inscritas, la mayoría (43%) tienen su sede en Madrid y un 7% en Cataluña. La experiencia muestra cómo sólo una minoría de las restantes interactúan directamente con la CMT para defender sus intereses (personalización en conflictos entre operadores y posicionamiento sobre las resoluciones normativas), quizá por la ubicación de ésta.
Por ello debemos temer que una cierta parte de los operadores con sede en Madrid podrían perder el beneficio de esa interacción. Aunque podrían ejercerla a través de representantes o gabinetes de abogados, ello implicaría un aumento de costes que pudiera ser disuasorio para su asunción.
En consecuencia, la eficiencia económica no parece ser la justificación del traslado.
Por último, pensemos que hay otro(s) organismo(s) a ubicar que puede(n) producir los mismos efectos esperados, en Cataluña u otras comunidades. La aprobada Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, o la ansiada Comisión del Audiovisual, son organismos de futuro, cuya ubicación, en principio, no debería afectar mucho a la acción administrativa. Sería bueno conocer los criterios de su ubicación para repartir sus beneficios.
En todo caso, debemos pensar que hay otros justificantes políticos además de los aquí señalados que puedan justificar la decisión que tome el Gobierno.