Las empresas, el interés general y la política
Que una de las tentaciones más criticables de los políticos sea su permanente tentación por interferir en la esfera económica privada es algo abundantemente probado. Que la costumbre de cambiar, cuando se llega al poder, a los gestores de empresas y organismos públicos sin juzgar su labor, por otros afines al partido vencedor en las elecciones puede originar perjuicios generales, amén de una injusta situación personal para alguno de aquellos, es algo a lo que estamos acostumbrados en España desde la instauración de la democracia en 1977. Se trata de un mal hábito en el que han incurrido UCD, PSOE y PP.
Viene todo esto a cuento de las declaraciones realizadas por dos ministros del Gobierno refiriéndose ya a los responsables de algunas grandes empresas ya a organismos reguladores, como es el caso de la CNMV por el momento. Según el señor Solbes, los análisis del Gobierno le han llevado a preguntarse por las características 'de algunas de las personas que se han nombrado en algunos consejos' de ciertas empresas.
Sorprendentemente, después de hacer afirmación tan delicada no detalla cómo se efectuaron tales análisis y quiénes son las personas y empresas afectadas ni los posibles errores cometidos por aquellas. También es curioso que el vicepresidente afirme que no se va a ratificar al presidente actual de la CNMV porque 'hay que plantear la CNMV con otro tipo de presidente', pues uno duda si lo que se afirma es que resulta necesario otro presidente para cambiar la Comisión o, por el contrario, que se impondrá otro modelo de organismo regulador para lo cual se precisará una persona diferente.
Y por si esa ambigüedad no fuera suficiente, cuando el ministro de Industria, señor Montilla, advierte muy serio que los gestores de las empresas privatizadas que operan en sectores regulados y sometidos al 'interés general' habrán de ser 'honestos, capaces y competentes y que tengan la confianza del accionariado' uno piensa no sólo quién define en cada caso el 'interés general' sino, también, si, a sensu contrario, los gestores de las empresas no privatizadas no estarán obligados a cumplir con esas exigencias o lo están en menor grado.
Bromas aparte, esas declaraciones revelan un problema grave de nuestra vida política y algunas de las confusiones en que se cimenta. Una de ellas es la contradicción entre las aspiraciones invasoras de la política y los políticos y la desconfianza popular que su actuación inspira. Esa desconfianza es resultado de dos factores: la influencia de intereses exclusivamente partidistas que dominan los diferentes niveles de gobierno -municipal, autonómico y nacional- y, como resultado de ello, la incapacidad de sus rectores para plantear iniciativas que superen las visiones a corto plazo. Lo malo es que cuando se critica ese proceder, se suele alegar que quien así razona olvida el incuestionable respaldo que suministra el mandato popular, como si el hecho de ganar unas elecciones permitiese borrar la diferencia entre democracia y libertad y dar por supuesto que obtener más votos que los contrarios asegura siempre gobernar bien.
Precisamente porque ello no es así, en las democracias más consolidadas existen instituciones -altos tribunales, bancos centrales y otras agencias reguladoras de los aspectos cruciales de la actividad económica, por ejemplo- que gozan de una autonomía garantizada legal y efectivamente, de forma que puedan soslayar esa presión del interés partidista y los posibles errores dimanantes de visiones a corto plazo.
En semejantes casos, el procedimiento para elegir a sus responsables adquiere vital importancia. Se rumorea que el Gobierno pretende que el presidente de la CNMV sea elegido por el Congreso de los Diputados en lugar de por el Ejecutivo; se trataría de otorgar al nombramiento una más amplia legitimidad y, quizás, mayor autonomía.
En principio el propósito parece laudable pero es de temer que el remedio sea peor que la enfermedad. En EE UU, por ejemplo, los candidatos a jueces del Supremo o el presidente de la Reserva Federal son propuestos por el presidente a una Comisión Especial del Senado que somete al candidato a un examen extremadamente exigente pero imparcial. Y aun cuando el sistema político americano no está ayuno de motivaciones partidistas, existe un poso de respeto a las instituciones que todavía no se ha conseguido en España.
Para el lector no será difícil rastrear en su memoria casos en los cuales la elección de los jueces del Constitucional y del Consejo del Poder Judicial, o del presidente del CNMV han sido campo de batalla de las más lamentables tentaciones políticas. Antes de tomar decisiones tan relevantes, el Gobierno debería recordar que su primer deber es controlar a quienes le apoyan y, el segundo, controlarse a sí mismo.