La preocupante morosidad comercial
En los últimos años se ha producido un deterioro de las prácticas de pago en Europa, pero éste es más acentuado en España. El autor asegura que la economía española sale muy mal parada al analizar por países el riesgo potencial para cobrar las operaciones comerciales
Hace pocas semanas los medios de comunicación publicaron la inquietante noticia de que un millón y medio de empresas españolas (casi el 70% del tejido empresarial) sufrían dificultades financieras provocadas por los impagados. Dicha noticia no me ha sorprendido en absoluto, puesto que como morosólogo hace ya varios años que vengo denunciando el deterioro de los hábitos de pago en España, fenómeno que supone un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios.
Durante los últimos años se ha producido un deterioro de las prácticas de pago en Europa (deterioro todavía más acentuado en los Estados del sur de Europa en general y en particular en España), como lo demuestra un completo estudio sobre el comportamiento de pagos de las empresas europeas realizado en el año 2004 por la compañía escandinava Intrum Justitia. En su informe, esta consultora sueca señala que el retraso medio en el pago de facturas en Europa ha pasado de ser de 14 días en el año 1997 a 16 días en el 2003.
Si bien en España la evolución en los últimos años ha sido aún más negativa, puesto que el retraso medio en el año 1997 era de sólo 6 días y ha pasado a ser de 13,4 días en el año 2003. Además el estudio de Intrum Justitia señala a tres países del sur de Europa como los que presentan los mayores plazos de pago de toda la UE: Italia, Portugal y España.
Además España sale muy mal parada en el índice de pagos elaborado por Intrum Justitia (Payment Index), que expresa el riesgo potencial de cada país europeo a lo hora de cobrar las operaciones comerciales. El Payment Index de Intrum Justitia está destinado a comparar los distintos países europeos, desde el punto de vista de riesgo de morosidad.
Para confeccionarlo, Intrum Justitia ha utilizado 21 diferentes datos económicos e índices como plazo contractual, retraso medio, antigüedad de la deuda vencida, y créditos fallidos. El índice va de menor puntuación menor riesgo a mayor puntuación mayor riesgo. El estudio otorga al Estado español un índice de riesgo de 166. Hay que tener en cuenta que sólo tres estados europeos presentan una calificación peor que España: Portugal, con 191; República Checa, con 176, y Lituania con 167.
Esta calificación incluye a España dentro de la categoría de países de alto riesgo de impago y recomienda la adopción de estrictas medidas de control para evitar la morosidad en las transacciones comerciales.
Vale la pena decir que las prácticas de dilatar los pagos son básicamente fruto de una cultura empresarial que se ha desarrollado no sólo debido a factores económicos, sino además a las malas prácticas de pago imperantes en las relaciones mercantiles. Un estudio de la UE reveló que la intencionalidad pura y dura del deudor es la causa que provoca el 35% de los retrasos en el pago en Europa. Sin embargo en España la intencionalidad es la causa de como mínimo el 62% de los impagados.
Asimismo el informe antes mencionado de Intrum Justitia sobre las prácticas de pago en Europa, indica que el 47% de las facturas emitidas en España se pagan con retraso, y muchas de estas facturas impagadas sólo son abonadas después de varios meses desde el vencimiento.
Al final todos estos condicionantes hacen que el periodo medio de cobro en España sea de unos tres meses, lo que supone que este plazo sea uno de los más dilatados de Europa.
Acerca de cómo actúan las empresas españolas en caso de existir un incumplimiento del pago, el 75,8% realiza habitualmente gestiones amistosas para cobrar la deuda. Sin embargo en caso de no tener éxito la vía amistosa, sólo el 22,8% de las empresas acuden a la vía judicial para reclamar el impagado.
La opinión generalizada de los empresarios es que la vía judicial no es eficaz a la hora de reclamar el pago de las deudas, que los procedimientos son demasiado costosos y que los tribunales son lentos.
Una encuesta de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial reveló que el 83% de las empresas evitan acudir a los tribunales para reclamar las deudas, y que lo más frecuente en caso de tener problemas de cobro es procurar un arreglo extrajudicial, aunque se pierda parte del dinero en disputa. Asimismo el 60% de los empresarios prefiere renunciar a las cantidades adeudadas antes de pasar por los trámites judiciales para reclamar una deuda.