Regularización o caos
España ha pasado a jugar un papel preeminente en el concierto internacional como país de acogida y de tránsito hacia Europa de la inmigración procedente de los países del sur, esencialmente del Magreb, Latinoamérica y del África subsahariana, que no debe hacernos olvidar nunca -somos una sociedad de muy frágil memoria histórica- el papel que como país de emigración hemos jugado hasta hace solo una generación.
La sociedad española tiene que tener meridianamente claros tres hechos. Primero: nuestra economía y nuestro Estado de Bienestar necesitan a los trabajadores extranjeros; estos desempeñan los trabajos que los españoles no queremos desarrollar y, hasta el momento, aportan a lo Presupuestos estatales más de lo que reciben de ellos. Segundo: los flujos inmigratorios deben ser ordenados, para adecuar la demanda a la oferta, y no a la inversa. Tercero: la integración social, económica, cultural y -no olvidemos- también política de los inmigrantes es necesaria, pero es más compleja para 1.000.000 que para 500.000, y más si se tienen en cuenta los profundos desequilibrios territoriales -desde la escala regional hasta la intraurbana- que la inmigración extranjera presenta en el mapa español, y el fuerte incremento que presentan año a año.
En los últimos años el número de inmigrantes extranjeros ha pasado de 353.367 en 1991 y 1.572.013 en 2001 a 2.672.597 en enero de 2003: son cifras oficiales de los últimos censos de población y del padrón continuo. Una buena parte de esta inmigración, cifrada en unas 500.000 personas y que algunas organizaciones elevan hasta 1.000.000, la conforman los llamados sin papeles, la impropiamente definida como inmigración ilegal -alegal, sería más preciso-.
La política sobre inmigración se va a convertir, sin duda, en una de las piedras angulares de nuestra democracia
Esta inmigración alimenta -y es alimentada- por una economía sumergida de incalculables proporciones, que ha penetrado por todo los poros de nuestra economía (sector primario, construcción, industria, servicios) y de nuestra sociedad, ya que va desde el ámbito de lo doméstico o de las familias hasta las grandes empresas (éstas siempre -o casi- a través de empresas subsidiarias, que se organizan a su vez de cadenas de subcontratas).
En este contexto bienvenido sea la propuesta del Gobierno de iniciar un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, con el fin de hacer aflorar la economía sumergida, que favorece a tan pocos: las mafias responsables de la inmigración ilegal y los empresarios sin escrúpulos. Y perjudica a tantos: los propios inmigrantes en situación irregular y a la sociedad española en su conjunto.
En nuestra opinión, será difícil que la regularización que se anuncia alcance su objetivo plenamente, pero sin duda va a contribuir decisivamente a ello. El papel de los empresarios se considera en este proceso fundamental, pero también debería serlo el de las organizaciones sindicales y sociales y el de la propia Administración -central y local- a la que habrá que dotar, con carácter de urgencia, de medios humanos y presupuestarios para hacer frente a tan alta responsabilidad política y social como la que el proceso de regularización supone.
Nuestra dudas surgen en relación a cuestiones como la de demostrar el arraigo y empleo o a que se regularice a los inmigrantes que denuncien a los empresarios que pretende emplearlos de forma irregular: ¿cuántos se atreverán a hacerlo? Otra duda tiene que ver con el hecho de que el solo anuncio gubernamental -conscientemente mal interpretado- no sea utilizado -ya está ocurriendo- por las llamadas mafias de la inmigración para sus criminales objetivos y provoque un indeseado efecto llamada.
En relación al número de inmigrantes ilegales, otra pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la cifra que el Gobierno maneja?, en otras palabras ¿cuál es la magnitud del problema que se afronta con al propuesta de regularización?
Las ciencias sociales nos enseñan que no hay soluciones simples para problemas complejos, por eso debemos analizar el problema en toda su dimensión y dar respuesta en consonancia a la misma. Conocemos las causas de la inmigración mucho mejor que las consecuencias: abordemos éstas en profundidad y evitemos los efectos más indeseados.
La propuesta gubernamental, no lo olvidemos, se ha hecho precisamente porque se tiene el convencimiento de que la legislación actual ni ha podido ni ha sabido dar respuesta a un fenómeno de tan grandes proporciones y de tanta trascendencia demográfica, económica, social y política. Esta dimensión última es importante, porque la política sobre la inmigración se va a convertir, sin duda, en una de las piedras angulares de nuestra democracia.