Protesta masiva por las ITV de una empresa española

Someter un camión a la 'revisión técnica vehicular' -equivalente de la ITV española- cuesta más de 20 dólares en Costa Rica (8.800 colones en la divisa local). La RTV, obligatoria en el país centroamericano desde julio de 2002, ha hecho caer el nivel de accidentes mortales, pero a costa de suspender a más del 70% de los viejos vehículos en el primer examen.

Tantos 'rechazados' y un precio considerado abusivo por numerosos costarricenses ha motivado que los transportistas colapsen el país en señal de protesta. Utilizan camiones y furgones como barricadas y están dispuestos a llegar, apoyados por otros gremios, a la huelga general. En el epicentro de la crisis se encuentra una empresa de capital español, Riteve, encargada de las inspecciones.

El problema al otro lado del Atlántico tiene eco en A Coruña. En la sede del grupo Inversiones Finisterre se trataba ayer de atajar el rechazo hacia su filial centroamericana. Un 55% del capital de Riteve pertenece al grupo gallego a través de su brazo principal, la empresa concesionaria de la ITV en Galicia, llamada Supervisión y Control.

'La cuestión es que Riteve ha comenzado a cobrar por la reinspección, pues muchos ciudadanos iban con sus vehículos hasta cinco veces en pésimas condiciones', señala Beatriz Coto, secretaria general de la Oficina Española de Comercio en Costa Rica.

La aportación inicial de Inversiones Finisterre para desembarcar en ese país fue de 23 millones de dólares. Riteve mantiene a día de hoy 16 estaciones, tres de ellas móviles, y 350 empleados entre mecánicos, ingenieros y personal administrativo. 'Ellos ganaron un concurso abierto en 2001 y están legitimados para solicitar la revisión del precio de sus servicios', explica Coto.

El coste de la RTV no depende de Riteve, centro de todas las críticas, sino del organismo regulador, Aresep. Y se fija en función de la evolución del PIB. 'Sólo se entiende la carga contra la empresa española por la decisión de cobrar por una segunda o tercera inspección', reitera la directiva de la Oficina Comercial.

Desde la Embajada española en Costa Rica se asegura que no existe animadversión hacia intereses españoles en un país donde operan Unión Fenosa, Endesa y lo ha hecho recientemente OHL.

Lucha contra un 'monopolio'

La principal medida de fuerza tomada por parte del colectivo de transportistas fue taponar el tráfico en más de 25 puntos, en las fronteras con Panamá (en Paso Canoas) y Nicaragua (en las aduanas de Peñas Blancas), y los puertos del Caribe y el Pacífico, según informan los medios locales. Su exigencia al Gobierno es que retire la concesión de la RTV a Riteve y ponga fin a lo que, a su juicio, es una situación de 'monopolio'.

La protesta partió de la Cámara de Transportistas, pero a lo largo de la semana ha encontrado respaldo en el movimiento comunal, cinco centrales sindicales y en el colectivo de profesores de enseñanza secundaria. Los implicados iban a decidir durante la noche pasada (madrugada española) sobre nuevas medidas de presión. Según los portavoces de los distintos gremios no se descarta la huelga general.

Riteve nació del acuerdo entre la costarricense Transal y la española Supervisión y Control. La alianza se forjó durante el proceso de licitación abierto en 1998 para conceder la revisión técnica de vehículos en Costa Rica.

A lo largo de 2003, sus 16 estaciones realizaron 1,3 millones de inspecciones, lo que arrojó unos beneficios de 227.155 euros el año pasado. La firma colabora con el Gobierno costarricense compartiendo sus avances tecnológicos o participando en proyectos de interés público. Entre ellos destaca el plan para mejorar la calidad del aire de la capital, San José, mediante la planificación de un tráfico que ayer permanecía colapsado.

Planes de futuro

La matriz, Inversiones Finisterre, anunció en mayo su intención de invertir 150 millones en los dos próximos años para potenciar su presencia, especialmente en el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos, en Suramérica y Europa.

Un seguro cubre la inversión española

La sociedad Supervisión y Control, concesionaria de las ITV en Galicia, concedió una importante ayuda a su participada Riteve por un máximo de 18 millones de euros en mayo de 2002.La inyección de dinero a la ganadora del concurso de las inspecciones en Costa Rica está asegurada contra desavenencias con la Administración. Es decir, sobre el crédito existe una póliza que cubre una situación de crisis en caso de que el Gobierno incumpla sus compromisos y la empresa entre en pérdidas.De momento, los colectivos que bloquean todo el país han manifestado una petición: que se le retire la concesión a Riteve por considerar que actúa como un monopolio.La compañía de capital español asegura que el contrato, firmado en 2001, 'recibe el refrendo de la Contraloría General de la República equivale a un Tribunal de Cuentas y es avalado por el Tribunal Constitucional de Costa Rica'. Además dice reiterar su compromiso para 'aumentar la seguridad vial, reducir la contaminación y luchar contra el robo de vehículos'.Sobre los paros, la policía detuvo ayer a medio centenar de personas con el fin de desbloquear las carreteras. La huelga tiene como consecuencias el desabastecimiento de combustible y el bloqueo de Puerto Limón, la puerta al Caribe por la que salen el 80% de las exportaciones de Costa Rica.