El laberinto de la inmigración
La propuesta del Gobierno de regularizar a los inmigrantes que tengan contrato de trabajo es vista por sindicatos y empresas con una mezcla de recelo y cautela. La idea, avanzada por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, tiene que ser todavía perfilada para que los agentes sociales estén en condiciones de posicionarse de manera clara. Pero, por ahora, despierta numerosas dudas.
Según Rumí, serán regularizados quienes tengan una 'relación laboral fehaciente' y lleven en España 'un tiempo importante'. Dos expresiones que permiten múltiples interpretaciones. ¿Es un contrato de trabajo una relación laboral fehaciente? ¿O será preciso demostrar que dicha relación es prolongada en el tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Quizás también un tiempo importante?
Rumí asegura que la normalización se producirá 'siempre y cuando un empresario quiera contratar a esa persona', con lo cual aparentemente deja en manos de las empresas la decisión de qué inmigrantes pueden ser regularizados. Y promete una amnistía para estas empresas, que no tendrán que pagar sanciones ni cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social a pesar de haber empleado a inmigrantes sin papeles, incumpliendo la ley, alimentando la economía sumergida y ejerciendo una competencia desleal frente a las que sí tienen regularizados a todos sus trabajadores. Una amnistía que, por cierto, no disfrutarían quienes decidan regularizar a ciudadanos españoles que hayan estado trabajando sin contrato.
La regularización de los cientos de miles de personas que permanecen en este limbo legal es clave por razones de justicia social y por el bienestar político y económico de todos. Por eso habría sido deseable tener consensuados los detalles antes de lanzar al aire una promesa que alimenta tantas esperanzas y que no está claro si podrá cumplirse plenamente.