El plan para regularizar inmigrantes es recibido con recelo

Los empresarios y los sindicatos han recibido con cautela el anuncio del Gobierno de regularizar a los inmigrantes que tengan un contrato de trabajo o denuncien su situación de explotación laboral. Creen que el Ejecutivo debería haber consensuado antes sus propuestas y temen que se generen falsas expectativas.

Desde hace más de tres meses el Gobierno está barajando distintas posibilidades de abrir un proceso de regularización de inmigrantes ligado a la existencia de un contrato laboral.

Esta idea, que se recogerá en el reglamento de la Ley de Extranjería y que ya anunció el ministro de Trabajo, Jesús Calera, en abril pasado pretende fundamentalmente aflorar economía sumergida que 'se basa en un 90% en inmigrantes irregulares', según la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.

Las centrales sindicales y patronales -tal y como coincidieron en la elaboración reciente de un informe sobre la Extranjería elaborado en el Consejo Económico y Social- están de acuerdo en buscar fórmulas para vincular la regularización de inmigrantes al arraigo laboral.

Si bien no todos coinciden con las medidas anunciadas por el Gobierno y critican que la falta de concreción en los requisitos 'puede provocar efectos perversos, por las falsas expectativas que crea', dice Jesús Pérez, secretario confederal de UGT.

CC OO puntualiza que el tiempo de estancia en España que debe tenerse en cuenta, y que no concreta la propuesta del Gobierno, debe 'ser suficiente para dar lugar a la protección por desempleo', es decir, al menos un año de trabajo.

Además fuentes patronales y sindicales han criticado el padrón como fuente para probar la residencia de los inmigrantes, debido a la duplicidad de datos que recoge. A principios de año había casi 1,7 millones de inmigrantes residiendo legalmente en España, mientras que el padrón municipal registraba la existencia de 2,6 millones.

Esta diferencia obedece a los incentivos que ofrece empadronarse (sanidad y educación pública) y el hecho de que no existe la obligación de darse de baja en un padrón para darse de alta en otro. Los ayuntamientos tampoco evitan esta duplicidad porque reciben ayudas en función del número de empadronados.

Los sindicatos creen que la regularización debe llegar si el inmigrante denuncia al empresario por su situación de irregularidad, pero en ese caso 'no podrá haber amnistía para el empresario, que deberá pagar una sanción'. Sólo si hay 'un acuerdo entre empleador y empleado' para aflorar un empleo, el empresario 'podrá eludir la sanción', defienden las centrales.

Fuentes patronales consultadas recientemente por este periódico advirtieron que si no se ponen muchos requisitos para la regularización, el proceso provocará un efecto llamada contraproducente 'justo lo contrario de lo que se persigue'. Además, algunos empresarios temen que el trabajador permanezca en la empresa sólo el tiempo necesario para ser regularizado.

Los sindicatos también han criticado la forma escogida por el Gobierno para hacer públicas sus intenciones: en los medios de comunicación y sin ninguna reunión previa con los agentes afectados. 'La prudencia obliga a que cualquier propuesta se haga en la mesa de diálogo social prevista para ello', se queja Pérez de UGT. CC OO exige acuerdo con patronal y sindicatos.

El temido efecto del 'papeles para todos'

La secretaria de Estado de Inmigración se apresuró ayer a matizar sus propias declaraciones sobre los planes del Gobierno para regularizar inmigrantes a través del arraigo laboral. En su matización aseguró que el Ejecutivo 'será generoso' en el proceso de regularización pero en ningún caso 'habrá papeles para todos'.Precisamente esta situación es la que quieren evitar todas las partes (patronal, sindicatos, Gobierno y oposición) por el 'efecto llamada' que puede provocar entre los inmigrantes que aún permanecen en sus países de origen. Para frenar dicho efecto, Rumí ha insistido en que las ventajas del proceso regularizador se aplicarán cuando entre en vigor el reglamento de la Ley de Extranjería que se negociará a partir de septiembre, pero después de ese momento 'las sanciones serán más elevadas y la Inspección se reforzará'.