La justicia obliga a reformar el modelo

El cambio de mano en la administración de los fondos para la formación está motivado por varias sentencias. En abril de 2002, y después de casi 10 años de tramitación, el Tribunal Constitucional reconoció a la Generalitat de Cataluña las competencias en la gestión y la ejecución de los programas de formación continua.

Además, varios casos de presuntos fraudes con el dinero del Fondo Social Europeo gestionado por algunas patronales y organizaciones sindicales, denunciados por el Tribunal de Cuentas y que han llegado hasta la Audiencia Nacional, han motivado que España haya sido investigada por la las instituciones comunitarias en varias ocasiones.

Estas circunstancias hicieron que el pasado verano el Gobierno popular se reuniera con los agentes sociales para modificar el modelo de formación continua, otorgando más poder en la gestión a las empresas y CC AA.