La patronal mexicana defiende el contrato de Repsol con Pemex

Los industriales mexicanos han advertido que un eventual fallo judicial en contra de la inversión privada en la explotación de gas que abrió el año pasado Petróleos Mexicanos (Pemex), el monopolio estatal, afectaría a la certidumbre jurídica del país.

'Se pone en duda cualquier inversión que venga al país si no hay seguridad jurídica', advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México, León Halkin.

El juez noveno de distrito en materia civil, Fernando Rangel, aceptó someter a trámite una demanda presentada por 127 diputados de diversos partidos de la oposición que pide que se declare nulo un Contrato de Servicios Múltiples (CSM), que se adjudicó el año pasado a la española Repsol para extraer gas de la Cuenca de Burgos, en el norte del país, por ser contrario a la Constitución y a la ley de hidrocarburos.

Los CSM son el esquema mediante el cual Pemex abrió la explotación de gas a la inversión privada para compensar su falta de recursos debido al restrictivo régimen fiscal al que está sometida y que cada año le obliga a dejar al fisco el 60% de sus ventas en impuestos.

El presidente de los industriales señaló que el tema deberá ser resuelto, en última instancia, por la Suprema Corte de Justicia, pero hizo hincapié en que los CSM 'no violentan la Constitución'. En este sentido, afirmó que es necesario que México cree un modelo que permita la inversión privada.

Además, manifestó que un esquema que mezcle la inversión pública y privada, 'no importa si es extranjero o nacional', y que cumpla con la reglamentación del país impulsará la economía, el empleo y la competitividad.

'Debe tomarse una posición seria sobre el asunto, el Congreso debe atenderlo con otra visión, no de cerrazón absoluta, en algo que ha demostrado ser beneficioso para México', declaró.