El servicio universal en 'telecos' y su financiación
Hacer llegar, con la calidad adecuada y a precios asequibles, los servicios de telecomunicación considerados básicos a todos los rincones del país, e incluso a aquellos a los que no llegarían condicionados por la normal oferta comercial del mercado en competencia, va a resultar extremadamente problemático. Y el caso es que la forma en que se resuelva este asunto puede dar al traste con las ventajas culturales, sociales y económicas que se esperan de la Sociedad de la Información.
Aunque aparentemente marginal, es una cuestión de suma importancia para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que ha costado a Telefónica del orden de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años, según los cálculos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), y al menos cinco veces más, según la propia operadora, que no recibido un solo céntimo de compensación por haber hecho el esfuerzo económico extracomercial requerido para lograrlo en los niveles establecidos, tal como preveía la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) del 1998 y confirma la recientemente promulgada.
Es preciso que nadie se vea privado, por razones de interés o incertidumbre de los mercados, del acceso a todos los servicios básicos de telecomunicación (voz, datos e imágenes), esté donde esté y conforme con su capacidad de pago. No es de esperar que a partir del año 2005, como prevé la citada Ley, ello resulte operativo, con el concurso de todas las operadoras en competencia presentes en el mercado, si se parte de la lamentable experiencia de Telefónica, prestadora obligada del servicio universal durante los años pasados, sin recibir compensación alguna del Fondo de Financiación del Coste del Servicio Universal.
El problema arrastrado en el pasado probablemente radicaba en la forma de financiación del Fondo del Servicio Universal prevista por la anterior LGT, la cual proponía desplazar la carga, del coste neto en que incurriera la empresa prestadora del servicio, hacia el conjunto de operadoras presentes en el mercado y en función proporcional al volumen de negocio de cada una de ellas. Ello apuntaba hacia la idea de desnudar a todos los santos para vestir a otro, que también habría de resultar desnudo.
Sin embargo la nueva LGT, en consecuencia con las directivas europeas, prevé la posibilidad de que el Fondo se nutra, parcial o totalmente, de dinero procedente de Presupuestos públicos, dando con ello una razonable solución al problema, como ya ha anunciado públicamente el nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Si el servicio universal es una demanda de naturaleza pública, que se ha de atender sin interés comercial, deben ser las arcas públicas las que soporten el coste neto que acarree su producción y prestación.
El problema subsiguiente, a parte de encontrar una solución para liquidar la eventual deuda pasada, es cómo habrán de diseñarse y administrarse las aportaciones públicas al Fondo para que alcancen, en cuantía y proporción adecuada, a todas las operadoras en competencia que deseen y demuestren su contribución a la producción y prestación del servicio universal.
La solución que se adopte no deberá perturbar las reglas sobre las que se asienta el funcionamiento eficiente del mercado en competencia ni alterar sus eventuales resultados que se obtendrían al margen del servicio universal. Sin subestimar las dificultades formales y prácticas que conllevaría su implantación, el autor de estas líneas opina que el Fondo podría funcionar eficientemente, es decir, sin alterar el juego de la competencia, regulando subvenciones al consumo de determinadas prestaciones de servicio.
De este modo, cada operadora percibiría la compensación del Fondo en proporción directa de las ventas que lograra de los servicios señalados, a un precio de oferta general no discriminatorio, en los segmentos de mercado y áreas geográficas de alto coste que reglamentariamente se hubieran predefinido. Queda pendiente la compleja tarea de diseñarlas e implantarlas de acuerdo con la legislación vigente o, si es necesario, adaptando ésta.
Asesor de telecomunicaciones de EICSA y ex director de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)