Industria planea implantar el servicio universal en móviles
Convertir la cobertura del móvil en un derecho de los ciudadanos es el nuevo reto del Gobierno, una vez modificados los compromisos de los operadores con licencia de UMTS y cancelados los avales a las empresas del sector del cable.
El titular de la cartera de Industria, José Montilla, lo avanzó ayer en conversación con Europa Press. El ministro argumentó que se trata de mejorar el servicio en general y de hacer llegar la oferta a todos los territorios. 'El Gobierno pretende buscar una fórmula mixta de financiación, compartida entre Administración y operadores', adelantan desde el PSOE.
Fuentes de Industria consultadas por este periódico reconocen que se está trabajando en contacto con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), comunidades autónomas, ayuntamientos y operadores. Incluso aseguran que 'habrá avances en breve'.
Los mismos medios comentan que debe diseñarse aún un modelo de financiación, 'si fuera necesaria la participación de las Administraciones públicas', o decidir cómo se seleccionará a la empresa prestadora del servicio. 'Encima de este asunto está, desde hace unos meses, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones', explican.
La Ley General de Telecomunicaciones ya vela por la conexión a la red de telefonía fija, a internet, información sobre los números de los abonados y teléfonos públicos en cualquier punto de España. Pero las nuevas declaraciones de Montilla sorprendieron ayer a los operadores.
Entre las empresas del móvil se han reconocido contactos, pero aún poco avanzados. 'Este es un tema que ha salido en las distintas conversaciones del sector con el Gobierno, pero había otros asuntos prioritarios encima de la mesa', dicen desde Amena. 'Es probable que el ministro esté avanzando un calendario de trabajo para septiembre', añaden.
El globo sonda lanzado por el ministro enlaza con la estrategia del PSOE en tiempos de oposición. En abril de 2003, presentó una alternativa al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones en la que propuso incentivar a las empresas para que acabaran con las zonas de sombra. El grupo defendió que era obligación del Estado correr con parte de los gastos.
El PSOE ya lo intentó desde la oposición
'En abril del año pasado hablábamos de una fórmula mixta de financiación que interesó a todos los operadores, pero no salió adelante porque Hacienda no estaba dispuesta a poner un duro', recuerda una de las personas que intervino desde el PSOE en las negociaciones. 'Incluso el anterior secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco, estaba de acuerdo', cita el político socialista.Finalmente, la Ley General de Telecomunicaciones no contempló el servicio universal de telefonía móvil.Ante la lenta implantación de la tercera generación de telefonía, la tecnología garantizada por el Gobierno sería GSM o GPRS. En cuanto a la licitación del servicio, el interés de los operadores, inmersos en importantes inversiones, dependerá de la aportación de los Presupuestos Generales del Estado.