REE pagó 4,2 millones para que Mielgo y su segundo dejasen la empresa
Los gastos de personal de Red Eléctrica del primer semestre se han disparado por la salida de Pedro Mielgo, el anterior presidente, y de su segundo, el director general, Victoriano Casajús. La empresa ha gastado 4,2 millones extraordinarios como consecuencia del relevo en la cúpula.
Los gastos de personal de Red Eléctrica en el primer semestre incluyeron 4,2 millones de euros 'para atender a los compromisos asumidos por la extinción de la relación laboral de miembros del equipo directivo de la compañía', según el folleto continuado de emisión registrado por la empresa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Detrás de esa frase se esconden los fondos destinados a pagar al anterior presidente, Pedro Mielgo, y a su segundo, el director general, Victoriano Casajús, que han salido de la compañía al perder Mielgo la confianza de su principal accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El ex ministro socialista Luis Atienza fue nombrado nuevo presidente el 24 de junio y el relevo se hizo efectivo el 8 de julio. Con posterioridad también ha asumido el cargo de director general en funciones por la salida de Casajús.
En el folleto, Red Eléctrica señala que en el primer semestre los gastos de personal han sido 40,9 millones, con un crecimiento del 21,7% frente al primer semestre de 2003. Y añade: 'El segundo trimestre de 2004 incluye gastos no recurrentes correspondientes a las bajas que se han producido en la alta dirección, excluyendo los cuales el incremento hubiera sido del 9,1%'.
El grueso del crecimiento, por tanto, se debe a esos 4,2 millones de euros. Red Eléctrica no quiso explicar ayer a este diario cómo se desglosa esa cantidad ni a qué conceptos responde. Tampoco señaló qué parte de esa cifra corresponde al anterior presidente y qué parte al ex director general, que ha sido el único otro alto directivo que ha salido de la compañía a raíz del relevo en la presidencia.
El blindaje de Atienza
Red Eléctrica eludió aclarar si la cifra pagada es el resultado de la aplicación de blindajes contractuales previstos con anterioridad o si ha sido el fruto de una negociación para allanar el camino al nombramiento de Luis Atienza como presidente. Ni en el informe de buen gobierno ni en la memoria relativos al ejercicio 2003 figuraba la existencia de blindaje alguno. Los portavoces de Red Eléctrica tampoco quisieron contestar si Luis Atienza tiene a su vez un contrato con blindaje como nuevo presidente.
Pedro Mielgo fue designado presidente de Red Eléctrica en 1997, meses después de la llegada del Partido Popular al Gobierno. Su sueldo en 2003 ascendió a 638.000 euros, de los que 69.000 correspondieron a la asistencia al consejo y a comisiones; 335.000 eran su sueldo fijo como ejecutivo, y otros 234.000 constituían la retribución variable ligada a resultados. En el primer semestre de este año había cobrado 213.000 euros sin que se hubiera hecho efectiva la retribución variable.
Tras el relevo en REE, se están produciendo también cambios en las filiales. El 29 de julio, Atienza fue nombrado presidente de Albura, la filial de telecomunicaciones.
Contratos blindados en la mayoría de las privatizadas
El modelo de informe de gobierno corporativo que ha propuesto la CNMV obliga a reseñar si existen blindajes para los directivos de la compañía. La tardanza de la CNMV en promulgar ese modelo ha hecho que empresas como Endesa, Repsol o Telefónica se librasen de contestar a esa pregunta, pues presentaron sus informes antes de que el modelo estuviese aprobado. En cambio, otras empresas privatizadas como Altadis, Indra o Iberia han admitido en sus informes la existencia de cláusulas de blindaje o garantía para sus ejecutivos de primer nivel. Las tres afirman que el órgano que autoriza las cláusulas es el consejo de administración y las tres reconocen que no se ha informado del blindaje a la junta de accionistas.Telefónica ha admitido también en su último folleto de emisión que los contratos de los miembros del comité ejecutivo tienen una cláusula indemnizatoria de tres anualidades (y una más según la antigüedad en la compañía).