Se cuestiona el déficit 2004

La polémica sobre el déficit del corriente año está servida. Cuando hay elecciones los contendientes normalmente hacen promesas a los electores que en parte tendrán que cumplir, y es por ello que pretenden poner en duda la fiabilidad de los resultados presupuestarios recibidos, afectando a decisiones del anterior Gobierno determinados gastos. Este comportamiento también se da en el sector empresarial privado cuando existen cambios de los cargos dirigentes.

Cuando el anterior Gobierno presentó los Presupuestos Generales del Estado 2004 éstos aparecían con un saldo presupuestario (-6.763,84 millones de euros). No se adjuntaba como anexo al Presupuesto un cuadro de relaciones entre Presupuesto y Contabilidad Nacional que pusiera de manifiesto el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la ley que lleva tal nombre, que diera transparencia a la política presupuestaria.

Es un cuadro que vengo reclamando desde hace más de 10 años. æscaron;nicamente en el Informe Económico Financiero de los citados Presupuestos aparecía una equivalencia entre el saldo del Presupuesto y el saldo de Contabilidad Nacional, que partiendo del citado saldo presupuestario (-6.763,84 millones de euros) se llegaba a través de ajustes presupuestarios por un importe de 3.276,27 millones de euros (intereses: 1.460 millones; ejecución: 2.358,27 millones, y otros ajustes netos: -542 millones) a un déficit en Contabilidad Nacional de -3.487,57 millones, el 0,4% del PIB estimado para dicho año.

El impacto en las cuentas públicas del acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía es responsabilidad del actual Ejecutivo

Los términos que utilizo son los que aparecen en el citado informe, que tienen la virtud de no aclarar nada. Esta es toda la explicación de que el presupuesto cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

En declaraciones del vicepresidente económico aparecidas en la prensa con posterioridad al Consejo de Ministros de 16 de julio, se hace constar que en dicho déficit que el Gobierno anterior no había incluido las siguientes operaciones:

Deuda con Andalucía por la liquidación del sistema de financiación 1997-2001 ascendente a 2.500 millones de euros, sobre la cual existía reclamación de la junta ante el Tribunal constitucional; déficit estimado para TVE durante 2004 por 630 millones de euros; ejecución del aval al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 260 millones de euros, parte del crédito de 1.000 millones de euros concedido a Argentina en 2001, que hace un total de 3.390 millones de euros (0,43% del PIB), apareciendo una partida de ajustes no incluidos en la estimación del déficit en los Presupuestos para 2004 por 2.750 millones de euros, sin explicación alguna de su procedencia.

En virtud del principio de transparencia debe explicitarse el origen de esta importante partida, que haría elevar el déficit del Estado no tenido en cuenta por el anterior Gobierno al 0,77% del PIB. Paso a analizar las citadas operaciones.

En los medios de comunicación ha aparecido información de que el anterior Gobierno y la Comunidad Autónoma de Andalucía habían llegado a un acuerdo para que el Estado abonase 2.500 millones de euros y la comunidad retirase el recurso, existiendo una diferencia que había impedido llegar al acuerdo. Andalucía exigía el pago total de la deuda de una sola vez, en tanto que el Gobierno pretendía hacerlo en cuatro anualidades.

El manual del SEC-95 sobre el déficit público y la deuda pública establece que 'cuando exista una controversia sobre los derechos o pasivos, podrá ser necesaria una decisión judicial -o cualquier otra vía aceptada de resolver el conflicto-, para imponer el acuerdo mutuo y fijar el importe exacto de los pasivos, que posteriormente deberá considerarse directamente aplicable por las partes implicadas, sin nuevas actuaciones judiciales'.

El propio manual establece que 'el sistema registra los flujos, ateniéndose al principio del devengo, es decir, cuando se crea, transforma o extingue el valor económico, o cuando nacen, se transforman o se cancelan los derechos y las obligaciones'.

De acuerdo con el SEC la deuda con Andalucía surge porque existe un acuerdo con el Estado y se podría haber aplazado el tema hasta tanto el tribunal hubiera dictado sentencia. Pero aún situándonos en lo sucedido en la realidad, acuerdo Gobierno-Junta de Andalucía, es en ese momento cuando la deuda surge y debe ser contabilizada, de acuerdo con el principio de devengo.

Por tanto, el déficit originado por tal acuerdo es imputable al actual ejercicio y el Gobierno anterior no pudo reconocerlo en cuentas, ya que la deuda seguía el trámite judicial.

Pero aún en el supuesto de que el Gobierno hubiese constituido en 2003 una provisión, y la hubiera hecho figurar en las cuentas, el SEC-95 establece que 'las provisiones se tratan como anotaciones contables internas de la unidad institucional, y no aparecen en ningún lugar del sistema'.

Resulta por tanto que en Contabilidad Nacional el déficit surge y es imputable a 2004, derivado del acuerdo Gobierno-Junta de Andalucía, y por tanto, es responsabilidad del actual Gobierno.

Si en 2003 el Gobierno y la Junta de Andalucía hubieran llegado al acuerdo en la forma propuesta por el Ejecutivo, pago en cuatro anualidades, la totalidad de la deuda se hubiera tenido que reconocer en 2003 y, por tanto, contabilizarla con efecto total sobre el déficit por los 2.500 millones de euros. Las anualidades con pago aplazado se hubiera registrado en la cuenta financiera como una obligación pendiente de pago, en tal supuesto el anterior Gobierno hubiera sido responsable del déficit total de 2.500 millones en Contabilidad Nacional.

La próxima semana continuaremos con el análisis de las tres restantes operaciones.