Auditoría, NIC y empresa familiar
Las empresas familiares basan su desarrollo en un delicado equilibrio entre el marco legal, los intereses de los distintos grupos de propietarios y la evolución de los mercados. A medida que van creciendo y sucediéndose cambios generacionales gestionarlo suele ser más difícil por la complejidad que la estructura accionarial y de negocios que alcanzan.
El más estable de estos elementos en una economía que desea crecer debe ser el marco legal, ya que cuantas más variaciones significativas sufra, mayor será la incertidumbre de los empresarios y menor la inversión. Sin embargo, su estabilidad no está reñida con la adaptación a los cambios y demandas que tienen lugar en el entorno, tal y como está sucediendo en estos momentos en la normativa contable y en la profesión de los auditores.
El año 2002 la UE aprobó el reglamento por el que los grupos empresariales europeos que emitan títulos admitidos a cotización en Bolsa deberán presentar sus estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) a partir de 2005. Aunque no existe una fecha fija, es previsible que esta obligación se extienda al total de las empresas europeas en 2007 o 2008. La medida puede afectar, además de a la operativa contable de las empresas, a otros tres aspectos clave: posición fiscal, imagen fiel de las cuentas anuales frente a terceros y valoración de la empresa. Las características de cada empresa y cada sector hacen muy difícil saber en términos económicos cuáles serán las repercusiones exactas. A nivel español, la única referencia práctica que tenemos son las cuentas anuales que las empresas españolas que cotizan en EE UU -país que ya utiliza las NIC- presentan anualmente. Tal y como publicaba el pasado día 13 de julio Cinco Días, en los últimos cinco años, lo que aquí eran más de 22.000 millones de euros de beneficios, en EE UU se interpretaba como pérdidas por 2.000 millones. Lo importante de este dato para las empresas familiares es que la política de reparto de dividendos podría verse alterada de repente por una modificación normativa.
La entrada en vigor de las NIC también va a afectar al trabajo de los auditores. El sector ha vivido una verdadera revolución a todos los niveles, consecuencia de escándalos de dimensión mundial, pero también del fuerte incremento de la competencia y de la evolución -a veces demasiado lenta- de la legislación que regula su actividad. En general, los auditores opinan que se les ha hecho responsables de situaciones que son competencia de los gestores y que la ley, al ser poco clara, les deja expuestos a demasiados riesgos. Este sentimiento les ha hecho ser más conservadores. Sus informes son ahora más correctos formalmente. Pero, al mismo tiempo, a menudo llegan a ser ambiguos al presentarse llenos de coletillas que, aunque no tienen las connotaciones negativas de una salvedad, condicionan muchos de los datos fundamentales de la información financiera.
El buen gobierno corporativo depende en gran medida de los avances que se den en el campo de la auditoria, en el de la contabilidad y en el resto de áreas de las que depende la transparencia de la información y la veracidad de ésta. Pero cualquier alteración que se dé en estos ámbitos debe gestionarse con cuidado. Si no, se corre el riesgo de encontrarse con accionistas descontentos porque bajan sus dividendos; porque la información que contienen los estados financieros de años anteriores aprobados por una junta general soberana se vea modificada, o porque el valor de sus participaciones cambia por causas que no tienen nada que ver con la evolución de las actividades de la empresa. Se puede crear así un malestar que altere ese equilibrio al que nos referíamos al principio.
Los directivos de las empresas tienen en su mano evitar situaciones semejantes. Deben ser previsores, adaptar la gestión contable a las nuevas normas, analizar las modificaciones significativas que haya en los estados financieros y explicar con detalle a los accionistas los cambios que vayan a tener lugar.
Al mismo tiempo, el Gobierno tiene un papel fundamental: reformar el marco legal de la auditoría. Su contenido actual limita la capacidad que tiene esta actividad de aportar más transparencia y hace que tienda a ser un ejercicio de redacción dirigido a evitar responsabilidades. El Ejecutivo está trabajando en la modificación del reglamento de la Ley de Auditoría. Es fundamental que la nueva normativa ayude a eliminar esta situación, a incrementar la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, a sentar las bases de lo que debe ser un sistema de información financiera moderno.