La OCDE revisa sus principios para el gobierno corporativo
La OCDE ha revisado los principios de buen gobierno corporativo, que publicó por primera vez en 1999 y ahora ha actualizado. La organización pretende que su guía sirva de inspiración para las empresas e insta a los gobiernos a poner en marcha regulaciones que garanticen la transparencia.
Los gobiernos de los 30 países miembros de la OCDE han aprobado la versión revisada de los principios de buen gobierno para las empresas. La OCDE ha incorporado nuevas recomendaciones que ayudan a definir las mejores prácticas para que sirvan de inspiración a las compañías que quieran ganarse la confianza tanto de los mercados como del público en general.
La OCDE hizo la semana pasada durante la presentación del nuevo documento un llamamiento a los poderes públicos para que aprueben regulaciones 'verdaderamente eficaces' y a las empresas para que rindan cuentas. Donald Johnston, secretario general de la OCDE, quiso destacar la importancia de establecer un sistema de buen gobierno en las empresas como el único sistema para reforzar la confianza de los inversores y atraer capitales a largo plazo.
'Los gobiernos y los poderes pertinentes deben ofrecer a las instituciones financieras y a las empresas de sus países un marco regulatorio de calidad, preparado para fomentar la competitividad y la adopción de prácticas ejemplares', dijo Johnston.
'En este momento los consejeros deben definir hasta dónde quieren llegar'
La primera versión de los principios de la OCDE se remontan a 1999. Estas directrices se han impuesto como una referencia más allá de los países miembros. De hecho, constituyen una de las doce normas fundamentales para la solidez de los sistemas financieros definidos por el Forum sobre estabilidad financiera y la Banca Mundial.
En 2002 se propuso que se repasaran estos principios para actualizarlos a las nuevas situaciones económicas. El texto resultante es el fruto de un proceso de consulta en el que han intervenido representantes de muy distintos países, representantes de patronales y organizaciones profesionales, además de sindicatos y asociaciones de carácter civil y otros órganos con vocación de definir esas normas a nivel internacional.
'Los principios revisados insisten en la necesidad de definir cadenas de responsabilidad transparentes en el seno de las empresas de modo que el consejo de administración y la dirección sean responsables de sus decisiones', opina Veronique Ingram, que preside el grupo de Dirección sobre Gobierno Corporativo de la OCDE.
Paralelamente, se ha publicado un segundo documento en el que se trata las dificultades para aplicar estas directrices y se recogen experiencias de referencia.
Cambios Más poder para los accionistas
l Inversores institucionales. Deben hacer públicas sus estrategias para saber cómo gestionan sus derechos de voto y cómo solucionan los conflictos de intereses. Además, las restricciones a los accionistas que conciernan a su intención de voto deben suavizarse con el fin de reducir el coste inherente a su status de propietario del capital.l Accionistas. Los accionistas deben tener la posibilidad de revocar a los administradores y participar en el proceso de selección de candidatos a los puestos de administración. También, deben tener la opción de mostrar su punto de vista respecto a las políticas de remuneración y sobre todas las decisiones relativas a las acciones.l Auditores. Un nuevo principio invita a los analistas y agencias de notificación a evitar cualquier conflicto de intereses que pueda poner en un compromiso la sinceridad de sus opiniones. Los auditores tendrán que rendir cuentas también ante los accionistas.l Protección de testigos. La OCDE dedica un capitulo a las partes cuyos derechos no están sólo definidos por ley, sino también por acuerdos negociados. Se pide la protección de testigos de prácticas ilícitas o poco éticas, incluidas las instituciones a través de las que se presentan quejas o alegaciones de manera confidencial.l Consejo de administración. Su objetividad debe entenderse de manera que se eviten conflictos de interés y para cubrir situaciones en las que haya un grupo que controle un paquete grande de acciones. El consejo también tiene la obligación de vigilar los sistemas de control interno de información financiera.