'Vamos a intentar dar mayor flexibilidad al empleo público'

Este sevillano, de 53 años y con larga carrera en la función pública, se propone modernizar la Administración para acercarla al ciudadano, ensayando sistemas de relación laboral más flexibles y apurando los recursos disponibles.

Francisco Velázquez, que ha hecho buena parte de su carrera pública al lado de Pedro Solbes, considera que en España no sobran funcionarios, debido a las transferencias que se han hecho a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Pregunta. Reino Unido recortará 104.000 empleos públicos. ¿Qué le sugiere esta medida?

respuesta. No la he estudiado en profundidad, pero se refiere a los presupuestos de 2005. En todo caso, forma parte de una redistribución de efectivos y de eliminación de algunos programas de la administración pública y el comienzo de otros.

'Haremos intentos de aproximación para adecuar los salarios a la productividad'

'Trataremos de que los funcionarios públicos recuperen poder adquisitivo'

P. ¿Sería posible algo así en España?

P. Aquí ya ha sido realizada la redistribución de efectivos. Tenemos 1.100.000 funcionarios en las comunidades autónomas, 570.000 en los ayuntamientos y 530.000 en el Estado. Hace quince años eran 1.600.000 en el Estado. Además, desde principios de los noventa ha habido contención en el crecimiento de los funcionarios públicos mediante la no cobertura de la tasa de reposición. El número de efectivos no es excesivo, por eso una medida como la del Reino Unido no es necesaria en ninguna de las tres administraciones.

P. En todo caso, ¿introducirá más flexibilidad laboral en la Administración?

P. Habrá un nuevo Estatuto e intentaremos dar en algunos casos mayor flexibilidad al empleo público. Algunas rigideces proceden de imperativos legales necesarios de cumplir, como el sistema de selección, el de garantías y el de la inamovilidad en el empleo, que es un requisito constitucional. Vengo de Iberoamérica y es uno de los aspectos que nos quieren copiar.

P. ¿La inamovilidad en el empleo público va a seguir siendo, pues, intocable?

R. Evidentemente. La inamovilidad no se puede tocar desde el punto de vista jurídico. Pero vamos a intentar que todos los regímenes jurídicos de los empleados públicos no sean iguales.

P. ¿Cómo?

R. Por ejemplo, introduciremos diferencias entre el personal docente y el sanitario. Aquellas personas que trabajen en las actividades culturales del Estado o las que lo hagan en el sector investigador, tendrán rangos distintos. También vamos a crear estructuras administrativas diferenciadas con un grado de flexibilidad laboral mayor. Estoy pensando en sectores como el de la inmigración. Habrá agencias públicas que incorporarán personal de todo tipo, laboral e incluso procedente de las corporaciones locales y las administraciones autónomas.

P. ¿Tiene el respaldo de Economía para que los funcionarios recuperen nivel adquisitivo?

R. La semana pasada estuve reunido con el secretario de Estado de Hacienda y ahora vamos a iniciar el debate salarial para el año que viene. Queremos asegurar el poder adquisitivo de los funcionarios lo mejor que se pueda teniendo en cuenta la coyuntura. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo con los sindicatos.

P. ¿Hay margen para que la subida supere el IPC previsto?

R. Habrá que verlo. Todavía no tenemos un punto de partida definido para la negociación. Estamos en el proceso previo y tenemos que ver nuestro margen de maniobra. En todo caso, insisto, vamos a intentar recuperar el poder adquisitivo.

P. ¿Se van a vincular salarios a productividad?

R. Los funcionarios tienen desde hace tiempo un complemento de productividad que no se le da a todos y se reparte de forma diferente en cada departamento. En este momento realizamos estudios para establecer una mayor adecuación entre lo que es el cumplimiento de los objetivos de cada departamento y la obtención de determinados recursos. En unos meses tendremos algunas experiencias piloto y este Ministerio será uno de los primeros en aplicarlas en coordinación con el de Economía y Hacienda. Hay lugares donde va a ser más fácil hacerlo y en otros más difícil como, por ejemplo, en una secretaría general técnica, que se dedica a la producción normativa. Haremos intentos de aproximación para adecuar salarios a productividad. En todo caso, siempre trabajaremos con cantidades limitadas para las mejoras retributivas.

P. A estas alturas hablar de la modernización de la Administración suena un poco hueco...

R. Nos proponemos hacer más accesible la Administración al ciudadano. Eso significa desde eliminar barreras arquitectónicas a quitar barreras técnicas o económicas. También introduciremos las nuevas tecnologías. Buena parte de los servicios habituales que los ciudadanos demandan de la Administración los podrán hacer por Internet gracias a la extensión de la firma electrónica, al igual que se hace por medios telemáticos la declaración de la Renta. Ya hemos hecho experiencias pilotos con trámites internos del Ministerio. En este momento no se puede extender el sistema porque ni todos los ciudadanos tienen Internet ni es posible desde el punto de vista técnico que la firma electrónica esté en poder de todos. Pensamos incorporar ordenadores en las oficinas públicas para que los pueda utilizar el ciudadano.

P. ¿Al final de la legislatura se podrá obtener la partida de nacimiento o renovarse el pasaporte a través de Internet?

R. Cada proceso necesita inversiones concretas. Hay que poner al día las bases informáticas y la validación de datos del peticionario. Estamos en la fase previa, creando un ente de certificación para que eso se logre.

P. ¿Economía está en la misma frecuencia de onda para facilitar los recursos?

R. Absolutamente, participamos del mismo proyecto.

P. ¿Qué papel va a jugar la agencia de evaluación en este proceso?

R. Evaluará las políticas de la Administración central y las comunidades que lo deseen, así como la calidad de los servicios que prestan. También medirá el impacto de los normas sobre la vida cotidiana y analizará la legislación futura.