100.000 personas se jubilan antes de la edad sin recorte de la pensión
Desde enero de 2002, los empresarios han jubilado a cerca de 100.000 trabajadores con menos de 65 años (con recorte legal de hasta un 85% de su jornada), que no tendrán la obligada reducción de la cuantía cuando lleguen a los 65 años. Trabajo busca fórmulas para atajar este sistema, no fraudulento, que supone un alto coste para el sistema y un agravio para quien se prejubila con disuasorios coeficientes reductores.
Las jubilaciones parciales están siendo usadas por los empresarios como una jubilación anticipada encubierta sin ningún tipo de penalización y, por tanto, con coste para la Seguridad Social. Esto es lo que han detectado los responsables del Ministerio de Trabajo, que están estudiando cómo frenar esta práctica que, siendo legal, está dando unos resultados indeseables para la financiación del sistema público de jubilación.
La prueba es que la utilización de esta jubilación parcial ha hecho que sólo en lo que va de año las personas que se jubilan antes de los 65 años han pasado del 56% al 64,2%, lo que se interpreta desde la Seguridad Social cómo 'un porcentaje de jubilaciones tempranas similar al que se registra en épocas de crisis'.
La jubilación parcial está vigente desde el 1 de enero de 2002 y se creó para permitir que los trabajadores fueran jubilándose de manera gradual, pasando a trabajar con jornada parcial a partir de los de 60 años, cobrando la parte proporcional del sueldo y de la pensión en función del horario trabajado.
Los trabajadores que se jubilan antes de los 65 años llegan ya al 64%
Desde enero de 2002, una de cada seis altas llegó por jubilación parcial
Sin embargo, la práctica habitual de los empresarios que ha detectado Trabajo es que jubilan a los trabajadores por el máximo que pueden hacerlo, esto es, el 85% de la jornada, y distribuyen el 15% restante en los días de mayor trabajo del año, puesto que así lo permite el Estatuto de los Trabajadores y la mayoría de los convenios. De esta manera, el trabajador está jubilado durante la mayor parte del tiempo y sólo acude a trabajar uno o dos meses, cuando su empresa tiene mayor carga de trabajo. Esta circunstancia, además, evita a la empresa la contratación de un nuevo trabajador para hacer frente a la sobrecarga de demanda.
El efecto para la Seguridad Social de estas situaciones es que paga durante cinco años (de los 60 a los 65 años) el 85% de la pensión de estos trabajadores; mantienen la parte marginal de cotización a cargo de la empresa y cuando se jubilan completamente, a los 65 años, rescatan el 100% de la pensión.
Los trabajadores que utilizan el itinerario normativo tradicional para jubilarse a los 60 años (o 61 si no cotizaron antes de enero de 1967) tienen penalizaciones en su prestación económica vitalicia de hasta el 35% por la aplicación de coeficientes reductores (7% por cada año de anticipo de la pensión).
En este modelo de jubilación parcial y flexible la empresa no está obligada a contratar un trabajador nuevo que sustituya al jubilado parcial, por lo que el empresario se ahorra nuevas contrataciones, incluso durante la época de más trabajo de la empresa, que es cuando recupera al trabajador jubilado parcialmente, que cumple entonces el 15% de la jornada que aún tiene comprometida con el empresario.
Debido a esta circunstancia, las jubilaciones parciales, que estaban previstas para hacer que los trabajadores de más edad permanecieran en el mercado laboral está surtiendo los efectos contrarios, ya que en la práctica los trabajadores jubilados parcialmente de esta forma, computan, a efectos de gasto, como jubilados anticipados pero sin penalización en sus prestaciones.
Desde que entró en vigor esta fórmula de jubilación, se han registrado ya casi 100.000 retiros parciales, lo que supone el 16% del total de las nuevas pensiones de jubilación. Este volumen preocupa a los responsables del Ministerio de Trabajo que están estudiando cómo frenar esta práctica que, sin embargo, es perfectamente legal.
En busca de correcciones al modelo
Los responsables de la Seguridad Social buscan soluciones para atajar la vía abierta por el nuevo modelo de jubilación flexible y parcial, que supone un sobrecoste para el sistema público de pensiones, y genera un agravio para los trabajadores que se prejubilan a consta de la reducción de sus prestaciones de retiro de por vida. Trabajo estudia medidas de endurecimiento de esta vía, para disuadir de su abuso, o que al menos esté compensado por la contratación de trabajadores de relevo que aporten las cotizaciones que se pierden por la prejubilación.Otro de los problemas generados por la Ley de Jubilación Gradual que están evaluando los responsables de la Seguridad Social, es qué hacer con los jubilados de forma anticipada antes de la entrada en vigor de dicha ley, porque éste colectivo tiene unos coeficientes penalizadores de su pensión superiores a los establecidos a partir de 2002, por lo que reclaman que la reducción de coeficientes penalizadores sea retroactiva y se les aplique también a ellos. Según los cálculos de Trabajo este coste de extender la ley actual a los jubilados anticipadamente antes de 2002 tendría unos costes muy elevados para el sistema, por lo que no parece factible aplicarlo.Los técnicos de Comisiones Obreras han planteado también la necesidad de 'mejorar el sistema de jubilación flexible'. Según lo que plantea el sindicato, estas mejoras consistirían en que fuera el trabajador quien pudiera elegir el momento de la jubilación a partir de una edad determinada siempre y cuando 'cuenten con un esfuerzo contributivo suficiente y cuando el resultado para el sistema sea neutral'. Esto supondría ampliar la capacidad de elección del trabajador para jubilarse, pero a condición de que no dañe la financiación del sistema.