Coca-Cola renuncia a las cláusulas de exclusividad en Europa
La Comisión Europea y Coca-Cola han alcanzado ya un principio de acuerdo sobre las normas de distribución que deberá respetar en Europa la compañía estadounidense. Los contratos de la empresa de refrescos con los distribuidores no podrán incluir ni descuentos draconianos ni cláusulas de exclusividad. El acuerdo zanja cinco años de diferencias y permite a la multinacional librarse de un veredicto contrario, con multa incluida.
El acuerdo entre Coca-Cola y las autoridades comunitarias de Competencia se publicará próximamente en el Boletín Oficial de la Unión Europea. La multinacional se compromete a respetar los términos pactados en todos los países de la UE donde su cuota de mercado supere el 40% o disfrute de una posición dominante incluso con una cuota menor.
Fuentes de la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea subrayan que, con esos umbrales, el acuerdo es aplicable en los 15 Estados más veteranos de la UE. En los 10 nuevos socios no se dispone de datos contrastados sobre la situación del mercado de refrescos, aunque parece presumible que Coca-Cola también ocupe una posición destacada. La compañía renunciará a algunas de las técnicas que ha utilizado para maximizar la efectividad y fidelidad de sus distribuidores, como descuentos y cláusulas de exclusividad. A finales de los años 80, el gigante estadounidense ya alcanzó un acuerdo similar con Bruselas, pero poco después la Comisión lo consideró ya insuficiente. En esta ocasión, fuente próximas al comisario europeo de Competencia, Mario Monti, aseguran que 'la compañía ha aceptado todas nuestras demandas'.
En círculos legales, sin embargo, se ha especulado con la posibilidad de que la Comisión Europea se ha visto obligada a rebajar el alcance de su investigación ante la falta de evidencias claras sobre la conducta irregular de la compañía. El equipo de Monti ha extremado el control sobre los procesos internos de la Dirección general tras los serios varapalos que ha recibido en el Tribunal de Justicia de la UE, donde se han anulado tres de sus decisiones negativas sobre fusiones y se han reducido varias multas impuestas a ciertas empresas por violar las normas de competencia.
Coca-Cola renunciará a los descuentos ligados a objetivos de venta de su bebida estrella o condicionados a la adquisición de otros productos menos populares de la firma. La compañía también aceptará que en sus dispensadores los minoristas puedan incluir productos de otras marcas. Fuentes de la empresa en España declinaron ayer realizar ningún tipo de declaración.
La Comisión pone fin así a una investigación que arrancó espectacularmente en 1999 con el registro de la sede central de Coca-Cola en Europa. Bruselas ha blandido durante cinco años la posibilidad de dictar un pliego de cargos formal contra la compañía, que hubiera podido desembocar en una sanción de hasta el 10% de su facturación en Europa. Pero poco a poco la vía del acuerdo se abrió, y recibió un impulso definitivo cuando el comisario Monti impuso este año a Microsoft la mayor multa de la historia de la política comunitaria de competencia (497 millones de euros). Este veredicto supone además un peligroso precedente para la multinacional informática, que busca ahora neutralizarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Coca-Cola, en cambio, ha logrado evitar un resultado similar, que también hubiera podido dar munición legal a sus rivales en los conflictos que mantienen en otras jurisdicciones. La empresa de bebidas se ha enfrentado a procesos de prácticas anticompetitivas en diversos países europeos en la última década por supuesto abuso de posición dominante. Francia, Italia y Grecia han impuesto sanciones a la multinacional.
Cinco años de procesos
Las investigaciones sobre Coca Cola por abuso de posición dominante se han prolongado en Europa durante cinco años, desde 1999. Los funcionarios de Bruselas reconocieron en más de una ocasión estar desbordados. En España, Pepsi planteó la denuncia un año más tarde, en 2000.
El pacto despeja el camino en España
El principio de acuerdo alcanzado entre Coca-Cola y el Ejecutivo europeo tendrá implicaciones en España, donde el caso permanecía suspendido en espera de la decisión en Bruselas. El Servicio de Defensa de la Competencia decidió a finales del año pasado paralizar el expediente que había tramitado en los tres años anteriores contra la compañía por presunto abuso de posición dominante hasta conocer la decisión que tomara la Comisión, que también venía investigando en caso durante años.La denuncia formal contra la empresa de bebidas la presentó en España su rival Pepsi en abril de 2000, lo que dio comienzo al proceso. Competencia intentó sin éxito que las tres compañías involucradas, Coca-Cola, Pepsi y Schweppes (que asumió la denuncia tras comprar La Casera) llegaran a un acuerdo, pero las negociaciones fueron fallidas. Pepsi solicitó medidas cautelares contra la compañía, pero el Servicio estimo que tales medidas no eran necesarias. Posteriormente, el organismo decidió la suspensión del proceso, con el argumento de que en la Unión Europea existían casos muy similares y que los procesos eran paralelos. En la denuncia europea presentada por Pepsi no se incluyó inicialmente España por el funcionamiento en el mercado local, ya que la multinacional opera mediante franquicias sin dimensión europea.