El plan de reparto de emisiones de Kioto recibe 30 alegaciones
El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido unas 30 alegaciones al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión. Ninguna de ellas cuestiona, sin embargo, la metodología de la asignación.
El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones (PNA) ha recibido unas 30 alegaciones a través de la oficina Española de Cambio Climático, que depende del Ministerio de Medio Ambiente.
Según afirmó ayer Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en Madrid, 'ninguna de las alegaciones entra en el fondo de la metodología de asignación'.
Según Aizpiri, 'se trata de alegaciones de Comunidades Autónomas preparatorias de la Conferencia Sectorial celebrada ayer o reclamaciones de instalaciones que debían estar incluidas en el listado oficial y no lo están, o al contrario'.
La propuesta del plan se encuentra en estos momentos en fase de información pública y los afectados tienen de plazo hasta la próxima semana para presentar alegaciones.
El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, admitió que la premura de tiempo ha llevado a la Administración a actuar 'de una manera rápida', por lo que algunos elementos del plan pueden ser 'imprecisos' o 'requerir modificaciones'.
Los responsables de los ministerios de Medio Ambiente e Industria presentaron ayer a los consejeros autonómicos la propuesta del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión y el anteproyecto del real decreto ley que trasladará a la legislación española la Directiva europea sobre Comercio de Derechos de Emisión.
En él se prevé la creación de un Consejo de Cooperación con las comunidades autónomas en materia de políticas contra el cambio climático, que aborde el plan de asignación y las políticas en el sector del transporte y residencial.
Las Comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana, criticaron fuertemente el plan, principalmente por la 'celeridad con que se ha tramitado'.
Según Aizpiri, se trata de 'acusaciones completamente extemporáneas, ya que el Gobierno ha hecho en dos meses todo lo que no se ha hecho desde que España suscribió el Protocolo de Kioto en 1997'.
Multas de hasta dos millones de euros
Multas de hasta dos millones de euros y cierre de instalaciones por un periodo máximo de dos años. æpermil;sa es la máxima sanción que el Gobierno y las Comunidades Autónomas podrán imponer a las empresas que cometan infracciones muy graves a la normativa sobre asignación de derechos de emisión que está elaborando el Ejecutivo.Además, los operadores que superen las emisiones asignadas al cierre de cada ejercicio deberán pagar una multa de 40 euros por tonelada en el periodo 2005-2007 y de 100 euros por tonelada entre 2008 y 2012. Se consideran infracciones muy graves, entre otras, mantener activa una instalación sin autorización, no informar sobre cambios en el funcionamiento o tamaño de las instalaciones y no presentar el informe anual sobre emisiones.