Miles de consumidores, atrapados en el fraude de las promotoras 'fantasma'

Las asociaciones de consumidores se inundan diariamente de cientos de denuncias sobre la supuesta actividad fraudulenta de promotoras, cooperativas de viviendas protegidas y gestoras, detrás de las cuales sólo hay humo.

El problema, agravado en los últimos cuatro años por el boom urbanístico en las principales ciudades españolas, fue trasladado la semana pasada a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, por la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE), que pidió un registro público para controlar a supuestos empresarios que se están aprovechando del tirón constructor y no forman parte del sector.

La patronal Asprima también lleva tiempo denunciando la injerencia de estas promotoras 'fantasma', como son conocidas en el sector. 'En todos las actividades que tienen un auge aparece gente ajena al sector que intenta sacar tajada', afirma. 'No podemos ejercer de policías, pero habría que crear un registro de los promotores y gestoras de cooperativas para controlar su actividad'.

Este tipo de empresas nunca utilizan la publicidad convencional para anunciar los supuestos chollos inmobiliarios con que cuentan. El boca a boca es condición indispensable para enganchar a los incautos que, 'aconsejados por la amiga de un amigo de una vecina, caen en las redes de estas supuestas promotoras de viviendas', según la UCE.

Víctimas del fraude

Alicia D. G. es una víctima de este fraude. Su caso tiene el nombre de una empresa, cuyo funcionamiento es similar al de los cientos de promotoras 'fantasma' que existen en España. En 1999 entregó 200.000 pesetas (1.200 euros), para reservar sendos pisos para sus dos hijas a una compañía llamada Codevisa. La carta de presentación de esta supuesta promotora es que está participada por la Fundación del Deporte, cuya presidencia de honor la ostenta, según afirma la empresa, el Príncipe Felipe.

Codevisa comenzó a ofrecer en 1998 viviendas de protección oficial y de precio tasado en los nuevos PAU (proyecto de actuación urbanística) de Madrid: Monte Carmelo, Las Tablas y Arroyofresno. Una casa protegida de tres dormitorios y 90 metros útiles costaba, según el folleto que entregaba Codevisa, 100.000 euros. Miles de clientes hicieron su reserva en poco tiempo, a un ritmo, según consta en los recibos, de unos diez al día.

Codevisa aseguraba que a finales de 2001 de adjudicarían las parcelas, sobre las que estaban 'negociando', y que en 2003 se haría la entrega de las viviendas. En el folleto entregaban incluso planos de los distintos tipos de casas, a pesar de que la supuesta promotora ni siquiera contaba con el terreno para construirlas. 'Una pura estafa', asegura Alicia.

En 2001, cuando se supone que los terrenos ya debían haber sido adjudicados, los miles de clientes que habían dado los 600 euros de reserva recibieron una carta en la que se les pedía 'paciencia' y se aseguraba que Codevisa ya había iniciado los trámites para comprar las parcelas. La misiva venía firmada por José Sánchez Sánchez, quien, según el registro mercantil, tiene registradas a su nombre más de 100 sociedades dedicadas al negocio inmobiliario.

De alguna manera, en la carta se culpaba del retraso a los propietarios del suelo. 'En tanto en cuanto los integrantes de las juntas de compensación no tengan registradas las parcelas, éstas no pueden ser vendidas a promotoras, comunidades, cooperativas, etc. Así pues, ninguna de éstas sociedades tiene aún suelo', aseguraba Sánchez.

La gente seguía confiando, a pesar de que era incierto lo que decía Codevisa. En los nuevos PAU se habían comenzado a construir viviendas y la empresa gestionada por José Sánchez, que nunca estuvo en realidad en negociaciones con los propietarios del suelo, seguía sin terrenos. Así transcurrieron 2002 y 2003, y algunos de los clientes comenzaron a exigir su dinero.

La promotora no ponía ningún inconveniente en devolver los 600 euros, eso sí, con un retraso de tres meses y sin añadir ningún interés, lo que va en contra de la ley 57/1968, de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Según la norma, sólo se puede pedir una entrega de dinero antes de iniciar la construcción en viviendas que no sean de protección oficial, algo que incumple Codevisa.

Además, según la ley, es obligatorio 'garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el 6% de interés anual, mediante contrato de seguro otorgado con una entidad aseguradora o por aval solidario prestado por una entidad financiera, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido'. Una exigencia legal que las promotoras fraudulentas incumplen igualmente.

Aportar más dinero

A los clientes que no han exigido a Codevisa la devolución del dinero a cuenta se les ha enviado una segunda carta instándoles a crear una cooperativa denominada La Dehesilla, 'para asignar número de socio de acuerdo con la antigüedad adquirida con el de reserva en Codevisa'. Se les pide otros 15.000 euros para crear 'cuentas bancarias mancomunadas en Caja Madrid'.

Sin embargo, en Las Tablas ya están adjudicadas todas las parcelas, según un portavoz de la junta de compensación. 'Codevisa nunca ha tenido reserva en este PAU', asegura este portavoz. Desde hace meses, nadie descuelga el teléfono en Codevisa. Este periódico se dirigió a las oficinas de Codevisa, en la calle Cea Bermúdez de Madrid, para intentar contactar con José Sánchez Sánchez, pero no fue posible localizarle. En las oficinas sólo hay una mujer que se identifica como 'una trabajadora', quien justificó el retraso en la entrega de los pisos por la subida del precio del módulo.

En la Fundación del Deporte, entidad sin ánimo de lucro protegida por el Ministerio de Educación, nunca han oído hablar de esta supuesta promotora. 'Nosotros no nos dedicamos a la vivienda', afirma una portavoz. 'Y si alguien está utilizando el nombre de esta fundación para eso, es un fraude'. El Príncipe Felipe tampoco aparece como presidente de honor de este organismo.

'En el caso de que se demostrara que es una estafa, ¿dónde acudir?', se pregunta uno de los afectados, que no quiere que le devuelvan el dinero. 'Qué hago yo con 100.000 pesetas de las de antes? Imagina en cambio lo que han podido hacer ellos con más de tres millones de euros'. En Internet se ha creado un foro para lograr unir a todos los clientes de esta promotora; bajo una dirección de correo electrónico ([e-mail]) están intentando buscar soluciones.

Pero el problema es que el de Codevisa no es el único caso. En el Sureste de Madrid, según denuncia la Plataforma por la Vivienda de Protección Pública, que engloba a más de 40 asociaciones, están previstas más de 75.000 viviendas, pero el plan de infraestructuras está paralizado. Mientras tanto, 'se venden pisos con cantidades a cuenta desde hace años cuando aún no se ha comenzado ni a urbanizar'.

No existen datos concretos, pero en Asprima aseguran que es una práctica habitual que nace a la sombra de los grandes proyectos de actuación urbanística, como ha ocurrido en Madrid con los nuevos PAU o puede pasar en Sevilla con el nuevo plan general de ordenación urbana, que prevé construir en todo el suelo urbanizable.

Ni siquiera es necesario constituir una empresa haciéndola pasar por promotora. En Internet existen múltiples anuncios por parte de particulares cuyo enunciado dice así: 'Se vende número de socio en cooperativa'. Las cantidades exigidas suelen estar entre 40.000 y 80.000 euros, dependiendo de la cantidad que se ha depositado. Pero al preguntar por la parcela, el vendedor admite que aún no está adjudicada, 'pero se está negociando, y estará en una de las mejores zonas del PAU'.

En el Ministerio de la Vivienda se declaran 'muy preocupados por este fraude', pero afirman que es competencia de cada comunidad autónoma. Tampoco en el Ayuntamiento de Madrid, ni en los consistorios de las mayores ciudades, existe ningún organismo que atienda y asesore a los consumidores en este tipo de situaciones. æscaron;nicamente se puede apelar a la consejería de Economía de cada Comunidad Autónoma, rellenar un formulario con la queja y esperar a que un inspector comience a pedir papeles a las cooperativas 'fantasma'.

Se venden pisos con cantidades a cuenta cuando aún no se ha empezado a urbanizar ni hay parcelas

Decálogo para frenar la especulación

La Unión de Consumidores de España (UCE) ha propuesto a la ministra Trujillo diez medidas para frenar la especulación en la vivienda.Intervención en el suelo. Adopción de una ley de carácter autonómico. Venta de suelo público sin especulación.Creación de un parque de VPO equiparable al de vivienda libre, 50% por 50%.Fomentar el alquiler. Aumentarlo del 12% actual al 25%.Rehabilitación de vivienda. Aprobar ayudas para hacer habitables algunos edificios.Registro de demandantes de VPO para conocer su perfil y adecuar el parque de VPO.Registro público de promotores para combatir el fraude de las falsas empresas.Dignificación de la VPO. Aumentar calidad y eficiencia.Calidad constructora. Aprobar el código ético de la edificación y hacer inspecciones.Seguridad jurídica para el arrendador y el comprador. Todos los contratos serán visados por la Administración.Combatir especulación en VPO, prohibiendo descalificarlas y venderlas.

Radiografía del sector

3 millones de viviendas están actualmente desocupadas, según el Ministerio de Vivienda. La intención de la ministra Trujillo es incentivar a los propietarios para que salgan a alquiler a un precio moderado.8% porcentaje actual destinado a vivienda protegida en España. De cada 100 viviendas que se construyen, 92 van destinadas a precio libre. La ministra de Vivienda quiere aumentar el parque de VPO hasta el 50%.1.135 precio actual del módulo de vivienda protegida (metro cuadrado). Los promotores exigen que esa cantidad suba un 25% para que les salga rentable construir VPO.

No suscribir los seguros, un posible delito penal

En el Código Penal existe un nuevo tipo penal relativo a las cantidades depositadas antes de iniciar la construcción de una vivienda. Se refiere a la obligación del promotor, regulada por la ley 57/1968, de suscribir un contrato de seguro con una entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de Seguros.Según explica Pablo García Valcárcel, del departamento jurídico de la patronal Asprima, 'si no se avalan las cantidades depositadas puede abrirse una sanción administrativa'. La multa dependerá del beneficio que haya sacado el autor de la falta.El secretario general de Asprima, José Manuel Galindo, cree que este tipo de fraudes se da más en gestoras de cooperativas. 'Ofrecían un piso en una zona concreta y era mentira, puesto que todavía no había proyecto y no se había hecho la parcelación del terreno', asegura.Galindo, que afirma que la Asociación está firmemente decidida a luchar contra estas falsas promotoras, pide un mayor grado de compromiso a las administraciones 'para detectar e investigar estas actividades fraudulentas'.El drama para el consumidor, asegura Galindo, es doble, 'ya que después de unos años no disponen de su piso y además se han quedado fuera del mercado'. Estas falsas promotoras o gestoras, dice, se nutren de la gran expectativa que hay por la vivienda y por la desinformación que existe.Para vender una vivienda, explica el secretario general, tiene que haber primero un título de propiedad. En segundo lugar, debe existir un plano visado por un Colegio de Ingenieros y tercero, una licencia concedida en base a un determinado proyecto. Así, aunque haya cambios en ese plan inicial, el consumidor está protegido.