'El fiel de la balanza se inclina más hacia la posición de Endesa'
Madrileña y doctora en Económicas, Narbona ya ha demostrado que su peso político y el de su ministerio superarán con creces al de sus antecesores del Partido Popular.
Cristina Narbona y el equipo interministerial que ha elaborado el borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de CO2, ya respiran tranquilos. Aunque se les ha acusado de no haber concretado los derechos que corresponden a cada instalación, la ministra de Medio Ambiente se siente satisfecha por haber cumplido con las exigencias de Bruselas.
Pregunta. El borrador del plan de asignación muestra muchas lagunas sobre la metodología para el reparto individual de derechos...
Respuesta. Es una solución salomónica como lo fue el reparto que hicimos en términos generales para el sector energético. No es tanto por una búsqueda discrecional de equilibrios virtuales, sino porque el Gobierno no quiere perjudicar ni beneficiar en exceso a ninguna empresa. Queremos ser lo más equitativos posible, pues hay emisiones históricas ligadas a una época en la que no se exigía reducirlas. España es el único país de la UE que no tiene una estrategia de reducción de emisiones y, en este sentido, tienen razón las empresas que dicen: 'Oiga, yo no estaba obligada a hacerlo'. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta a otras empresas que se han adelantado y cumplen con las normas ambientales.
'El cementero ha sido el sector más beligerante en las negociaciones del PNA'
'El Gobierno no quiere perjudicar ni beneficiar en exceso a ninguna empresa'
P. ¿Cómo han sobrellevado en las negociaciones el cisma eléctrico?
R. El sector eléctrico se ríe ha estado con un abanico de posiciones. En el resto de los sectores ha habido una sola voz, mientras que en el eléctrico han sonado dos voces, lo que ha hecho más complicada una valoración. Al Gobierno le ha tocado buscar el punto de equilibrio al dar los derechos: para unos serán muchos y para otros, pocos. En cualquier caso, el fiel de la balanza se ha inclinado bastante más hacia la posición de Endesa que a la de Iberdrola y no hay más que ver las peticiones de derechos de emisión del sector: entre los 69 millones de toneladas que pedía Iberdrola y los 96 millones de Endesa, se han dado, finalmente, 86 millones.
P. ¿El reparto por instalaciones que se va a negociar también va a ser más favorable a Endesa, responsable del 50% de las emisiones del sector?
R. En la medida en que el monto global no está justo a mitad de camino, lo que vaya a recibir Endesa depende de la aplicación de los criterios históricos y los del devenir inmediato, así como del cumplimiento de normas ambientales en cada central. Se verá una por una porque la situación en el sector eléctrico es particular. En el industrial, al estar incluidas sólo empresas de un cierto tamaño, las circunstancias son parecidas.
P. ¿Cómo se repartirán los derechos en los ciclos combinados que están en proyecto?
R. Todas las centrales que tengan una autorización administrativa las consideramos dentro del paquete actual. Esto es algo perfectamente legítimo en los términos de la directiva europea. Ya he visto que Endesa dice que se trata de una asignación discrecional y no es cierto: en este caso, se basa en previsiones porque no hay emisiones histórica. España puso en marcha hace mucho tiempo un proceso de construcción de nuevas centrales de ciclo combinado con autorización administrativa. Y esa autorización da derecho a formar parte del mercado de emisiones que comenzará en enero.
P. ¿Las previsiones de emisiones para los próximos tres años tienen en cuenta esas plantas?
R. Claro. No es algo discrecional, sino que se ha estudiado porque no se puede obviar que, de acuerdo con la planificación energética en vigor, las empresas van a hacer importantes inversiones en estas nuevas centrales
P. ¿Han recibido muchas presiones de las empresas en la elaboración del plan de asignación?
R. Más que presiones nos han mostrado sus preocupaciones y, salvo en el caso del sector del cemento, hemos mantenido con todos una relación razonable. Las que más han protestado ha sido las cementeras, cuando es un sector al que hemos dado un 93% de los derechos que pedía. Las empresas de este sector tienen fuertes previsiones de crecimiento para el futuro, en línea con el de los últimos cinco años y nuestra opinión es que ese ritmo no se va a mantener. Han sido los más beligerantes en sus declaraciones y en todas las reuniones.
P. En cambio, el del azulejo debe ser el más satisfecho, pues ha recibido el 99% de los que solicitaban...
R. Un representante del sector azulejero me transmitió el otro día un agradecimiento muy especial por el trato que el Gobierno ha dado al sector y nos ha pedido que sigamos el ejemplo de Francia e Italia que, en sus planes, han agotado la posibilidad que da la directiva para dejar fuera a las empresas más pequeñas. Y yo le dije, porque es algo que había comentado con mi secretario general de Prevención de Cambio Climático, Arturo Gonzalo, que esa es una alegación que estudiaríamos atentamente.
P. ¿Esperan muchos recursos contra el plan por parte de las empresas?
R. Al ser una solución salomónica siempre es más complicado. Además, nuestras empresas son muy diferentes unas de otras y, como ya he dicho, seguro que nadie se va a sentir completamente feliz. De lo que se trata es de que todos se queden moderadamente insatisfechos, en el sentido de que haya criterios que sean lo más justos posible. La justicia es algo que admite recursos. Sin embargo, con impugnaciones o sin ellas, el mercado de emisiones se abrirá el 1 de enero. Hacemos los deberes para que en esa fecha las empresas tengan toda la seguridad jurídica.
'La CE no pide un imposible'
Cristina Narbona se muestra feliz por la comprensión que su homóloga europea, Margot Wallström, ha mostrado ante las duras circunstancias en las que el Gobierno español ha tenido que elaborar el plan de asignaciones, que se someterá a información pública hasta el 19 de julio. Además, al remitir el plan a Bruselas el pasado martes, España se ha librado de un expediente seguro. A la pregunta de qué sucederá si Bruselas no acepta el plan, Narbona lanza un suspiro: 'cada día cuando me levanto procuro ponerme en lo peor para, a partir de ahí, estar satisfecha. Si nos rechazan el plan habrá que mejorarlo en la medida en que nos lo pidan', aunque sostiene que 'la CE no nos va a pedir un escenario imposible de cumplir'. En este sentido, recordó que el mismo día en que se presentó el plan de asignación español, la CE aprobó ocho planes nacionales, tres de ellos con condiciones.
Agua. 'Sobre el Plan Hidrológico hay mucha demagogia'
Le ha tocado lidiar con una de las bazas electorales más duras de José Luis Rodríguez Zapatero: la derogación del trasvase del Ebro, la principal medida contenida en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del Partido Popular que el Congreso ratificó a principios de mes.Su llegada al ministerio ha supuesto un cambio de estilo. Transparencia y credibilidad es su lema...En materia de agua hay mucho tópico. Un artículo de la ley del PHN señala que un decreto debía establecer quiénes serían los usuarios del agua trasvasada. En los tres años siguientes, ese decreto no se aprobó. No saber ni quién tendría acceso al agua ni a qué coste es demagogia fácil. He podido constatar el desconocimiento enorme que la ciudadanía tenía de lo que de verdad era el trasvase. Si España ha asumido el compromiso de equilibrio presupuestario hemos de hacer las cosas evaluando la eficiencia del gasto público. Todos nuestros informes estarán en la web.En la opinión pública ha calado que su alternativa al trasvase son las desaladoras y usted lo niega.Nuestra alternativa al trasvase no son las desaladoras. Eso también es un mito. Nuestra alternativa es una política del agua completamente distinta, con prioridad absoluta a mejorar su uso y sobre todo nuestra alternativa contempla un cambio de prioridades. Hay que gestionar bien antes de pedir más. Ese es el orden que establece la directiva europea: antes de llevar agua de una cuenca a otra, hay que hacer bien las cosas en esa cuenca y el coste de las obras debe repercutirse gradualmente a los usuarios.¿Tarifas del agua para cuándo?En 2010 hemos de tener tarifas del agua reales, basadas en criterios equitativos. Esa demagogia del agua gratis en la que se han instalado los presidentes Camps y Valcárcel es lo contrario de lo que hay que hacer. El agua puede ser muy barata, pero se tiene que cobrar. La OCDE lo que más critica a España es la política del agua y el nulo esfuerzo por reducir las emisiones. 'Si sabemos hacerlo bien, agua hay para todos', me aseguraban hace poco agricultores del Júcar.