Prueba de fuego para la CNMV
La guerra abierta entre Esther Koplowitz y la familia Entrecanales, dueña de Acciona, por el control de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) lleva camino de convertirse en la penúltima prueba de fuego para Blas Calzada al frente de la CNMV. Después de la inusual, por lo crispado y accidentado de su desarrollo, junta general de accionistas de FCC del pasado martes, todo parece indicar que el organismo de control bursátil va a jugar un papel fundamental en el desenlace de la crisis que enfrenta a dos de los apellidos más famosos del actual mundo económico español.
De momento, y con las espadas aún en todo lo alto, el escenario más probable es que Esther Koplowitz logre cerrar, tarde o temprano, un acuerdo con un grupo de inversores que le ayuden a comprar la parte que el grupo francés Veolia tiene en la constructora española a través de la sociedad B-1998. Si esto sucede finalmente, Acciona ya ha adelantado que exigirá el lanzamiento de una opa sobre el total del grupo constructor rival. Es aquí donde la Comisión de Valores pasaría a primer plano. La decisión no sería sencilla, puesto que ambas partes cuentan con argumentos sólidos.
Desde el entorno de Esther Koplowitz se insiste en que la empresaria ya tiene el control de B-1998, la tenedora del 52,6% de la constructora, y que, por lo tanto, la salida de los franceses y la entrada en su lugar de otro grupo de inversores no supone un cambio efectivo de poder. Los responsables de Acciona, sin embargo, discrepan y sostienen que la empresa no tiene el control real efectivo de B-1998, sino que está compartido con Veolia, en virtud de unos acuerdos parasociales suscritos por las dos partes.
Este es uno de esos casos en los que se mide la auténtica talla de un regulador. Y más de una CNMV como la que preside Blas Calzada, al menos hasta el próximo mes de octubre, siempre rodeada de un halo de sospecha política y de una alarmante falta de definición a la hora de abordar asuntos espinosos.