Las eléctricas inician la batalla del reparto de emisiones de C02 para cada central
El Gobierno está convocando a las empresas afectadas por la directiva sobre Kioto para fijar los criterios para calcular los derechos de emisión que le corresponden a cada una de las plantas. Entre las eléctricas se mantiene la división: Iberdrola pide derechos por unidad de producción y el resto de las compañías, en función de las emisiones históricas.
Tras la presentación por parte del Gobierno del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de C02 se ha iniciado un nuevo capítulo en la guerra de Kioto: los derechos que el Ejecutivo ha ofrecido a los seis sectores afectados, se deben ahora repartir entre cada instalación. Para fijar los parámetros de calculo de este reparto el Gobierno ha iniciado ya una ronda de negociaciones con los sectores afectados que se prolongará hasta el 1 de julio, fecha en la que debe estar listo el borrador definitivo del PNA.
La reacción pública de las patronales de los sectores industriales (cemento, siderurgia, papel y cerámica) ha sido de rechazo. Oficemen considera que la asignación al sector cementero es 'un 10% inferior a las necesidades del sector para atender la demanda', por lo que el PNA puede suponer 'un estrangulamiento' de la actividad. Por su parte, Aspapel, ha mostrado su preocupación 'por la asignación a los nuevos entrantes' y espera que 'no vaya en perjuicio de las fábricas existentes'.
La situación resulta diferente en el sector eléctrico (regulado) donde se espera con incertidumbre el reparto definitivo para cada central térmica (gas, carbón o fuel), las que, según la directiva del comercio de emisiones, pueden recibir derechos. En general, las compañías energéticas han recibido con tranquilidad la asignación sectorial anunciada por el Gobierno: 86 millones de toneladas anuales hasta 2007, que supondrá un déficit de seis millones de toneladas al año, según las previsiones oficiales. Menos tranquilidad muestran ante la incógnita de cómo se hará el reparto: por unidad de producción, tal como pide Iberdrola o en función de lo emitido en los últimos años (derechos históricos), que es lo que piden el resto de las compañías.
Derechos históricos
En Endesa dicen desconocer qué criterios seguirá el Gobierno, pero esperan 'que éstos sean objetivos' y 'los únicos que cumplen esta premisa son los criterios históricos, que son los que han utilizado todos los países de la UE', subrayan. Endesa, que emitió el 51% del total de C02 del sector de 2000 a 2002, considera que otorgar a una central de ciclo combinado derechos superiores a sus emisiones 'es una ayuda de Estado'. En general, las eléctricas intuyen que el reparto se hará según derechos históricos, pues la directiva recomienda 'parámetros diferenciados' para cada central. Fuentes del sector señalan también que 'el Ejecutivo ha alterado el Plan Energético Nacional, que estimaba unas emisiones de 96 millones de toneladas'. Esta alteración y el no otorgar el 100% de los derechos necesarios se interpreta como una intención del Gobierno de promover un cambio en el mix de producción: sustituyendo carbón por gas. Dado que el gas es más caro, un experto asegura que es ésta la razón por la que el Gobierno prevé una subida del precio de la electricidad y no tanto por el coste de la compra de derechos: 'Este cambio en la producción costará entre 200 millones y 300 millones por el encarecimiento del combustible', señala.
Entre las empresas que consideraban la opción de un pooling (agrupación de instalaciones) insisten en que 'se trataba de una herramienta para generar al mínimo coste'. Otra cuestión espinosa es qué derechos tendrán las centrales que se construyan en el futuro, teniendo en cuenta que el sector eléctrico no tiene reservas para nuevos entrantes.
Montilla dice que la tarifa tiene margen
El ministro de Industria, José Montilla, aseguró ayer que la tarifa eléctrica cuenta con 'margen y recorrido' para asumir los costes derivados de la aplicación del Protocolo de Kioto sin que necesariamente conlleve aumentos superiores a los previstos en la actual metodología, que prevé una subida máxima anual del 2% hasta 2010. Montilla dijo que hablar de un incremento de la tarifa eléctrica derivado del reparto de derechos de emisión es 'prematuro'. No obstante, advirtió de que la aplicación de Kioto no saldrá 'gratis'.