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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Kioto: superada la primera prueba

El esfuerzo que el Gobierno socialista ha realizado (y deberá seguir realizando) para elaborar contrarreloj un borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de C02 es tan digno de elogio como de censura la dejadez con la que actuó su antecesor. No van descaminados los que critican al Partido Popular por no haber realizado sus deberes en la confianza de que el Protocolo de Kioto agonizaría y que la Unión Europea no se atrevería a aplicarlo. La crítica puede endurecerse si se tiene en cuenta que fue este Gobierno el responsable de firmar un compromiso de emisiones malo para España (en 2012, un 15% más que en 1990, cuando ya se supera el 41%) y que no respondía, ni siquiera, a un objetivo de convergencia con el resto de los países de la Unión Europea.

Las empresas afectadas (energía, industria mineral, siderurgia y papel) ya tienen una propuesta de derechos sectoriales que, en los próximos días, se repartirán por instalaciones. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha podido pecar de exceso de protagonismo, en una presentación en la que mezcló a los representantes de los sectores implicados con la prensa, aunque se le ha de reconocer la clara apuesta que está haciendo, junto a su equipo, en la lucha contra el cambio climático.

De hecho, en el borrador presentado ayer, que es conservador y aplaza el gran esfuerzo al último periodo (2008-2012), no ha tenido reparos en distribuir la carga de Kioto sobre los sectores del transporte y la vivienda (algo a lo que no obliga la directiva), que, aunque más justa, puede resultar más impopular. Falta por ver si estas propuestas llegan a buen puerto, ya que son las autonomías y los ayuntamientos los que tienen las competencias sobre medidas que afectarán al tráfico, a las normas en edificación y a controles medioambientales en la industria. Por el momento, no se crearán tasas disuasorias para frenar el consumo, pues el Gobierno reconoce que el plan hará subir el precio de la electricidad, aunque sea mínimamente.

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