Fraude fiscal y amnistía
Siempre hemos apoyado la lucha contra el fraude fiscal, que aunque ha venido mejorando a lo largo de los años, todavía precisa de importantes impulsos. Es, por ello, que estoy convencido de que vuelve a ser un momento muy oportuno para plantearse una amnistía fiscal al hilo del debate abierto ayer en estas mismas páginas, que considero justificada por las siguientes razones practicas:
l En Europa tenemos un sistema muy caro de costes sociales, que es digno de reconocimiento puesto que cubre necesidades vitales que otros países no contemplan. Aunque muchos de los países socios de la Unión Europea afrontan en la actualidad la necesidad de cubrir graves déficit presupuestarios, en el caso de España no se da esta situación, puesto que el comportamiento de la balanza presupuestaria ha sido mucho mejor. Pero con un Gobierno socialista es lógico que se quieran aumentar las prestaciones públicas y sociales, lo cual es bastante loable. Esta mayor protección social sí nos puede llevar al déficit, por lo que resulta lógico que España se sume a los Gobiernos europeos que buscan ingresos extrapresupuestarios para cubrir estos costes y ensayan fórmulas para repatriar capitales fugados fiscalmente.
l La política tributaria quiere afrontar con mayor eficacia la lucha contra el fraude, y en esta línea se sitúa la nueva Ley General Tributaria, que va a entrar en vigor el próximo 1 de julio. Así, se va a crear un momento único para decretar una amnistía fiscal, puesto que se rompe con la normativa pasada y se establecen medidas más pragmáticas y eficaces para valorar el fraude fiscal y un tratamiento de las sanciones con un nuevo y especial enfoque jurídico. No cabrán argumentos sobre desánimo fiscal de quienes han cumplido religiosamente.
La entrada en vigor de la Ley General Tributaria va a crear un momento único para decretar una amnistía fiscal
l La salida de capitales fiscales hacia los paraísos resulta mucho más difícil que antes, aunque continúa generándose un auténtico flujo de dinero opaco alentado por el fariseísmo de algunos países y la ausencia de medidas jurídicas serias en el contexto internacional. Además, a partir del próximo 1 de enero entra en vigor la nueva directiva comunitaria, que obliga a los países europeos al intercambio automático de información de sus Haciendas. Sólo Austria, Bélgica y Luxemburgo pervivirán con el secreto bancario durante un periodo transitorio, pero deben aplicar una retención progresiva hasta del 35% sobre los dividendos obtenidos.
l La nueva normativa sobre blanqueo de capitales aprobada el pasado año está dando serios disgustos a los ciudadanos que deciden llevarse en efectivo cantidades superiores a lo establecido, aunque no se dediquen al tráfico de drogas, de armas o a la financiación del terrorismo, y se trate simplemente de elusión fiscal.
l La justicia penal y las fiscalías (véanse los 1.000 procesos que están abiertos solamente en la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid) también están logrando muy buenos resultados sobre quienes no realizan sus declaraciones o tratan de blanquear dinero. Y estas actuaciones judiciales van en aumento, aunque es necesario que se busquen soluciones reales para reparar los perjuicios a la Hacienda pública y que se desista de continuar con muchos de los procesos penales que son excesivamente complejos y, en muchas ocasiones, colapsan el sistema.
Creo que éstas son razones suficientes, por lo que expongo, finalmente, algunos ejemplos sobre las actuaciones de nuestros socios europeos:
Italia, en 2001, abrió el camino con tipos preferenciales para la repatriación de capitales en el extranjero, estimando en 500.000 millones de euros lo depositado fuera, especialmente en Suiza, que continúa con su secretismo y secreto bancario.
Bélgica calcula que tiene 172.000 millones de euros fuera, la mayor parte en Luxemburgo, y prepara medidas para su repatriación.
Alemania, mediante una ley, permite a sus ciudadanos repatriar capitales del exterior sin penalizar, pero estableciendo una tasa del 25% una vez que salieran a la luz, aunque también hay que indicar que se permite una regularización sin tener que repatriar.
Francia estudia una tasa única a pagar de una sola vez. Ya hizo una amnistía en 1986, con una reducción del tipo impositivo sobre el dinero repatriado e incentivó la operación con la eliminación del impuesto a grandes fortunas.
Si la decisión política se adopta, espero que las autoridades fiscales, con gran prestigio profesional, acertarán en su desarrollo, a la vista del complejo panorama internacional y de la, sin duda, impopularidad de la medida.