Los nacionalistas presionan al PSOE para cambiar la Ley de Subvenciones
Esquerra Republicana de Cataluña ha trasladado al Gobierno la necesidad de reformar la Ley de Subvenciones aprobada con el voto en solitario del PP y de Coalición Canaria en la anterior legislatura, por considerar que vulnera gravemente las competencias de la Generalitat. El Parlamento catalán y el Gobierno de Aragón tienen recurrida la norma al Constitucional.
El dirigente de Esquerra Joan Puigcercós considera la reforma de la Ley de Subvenciones como el 'segundo asalto' contra la 'reconquista del Estado' que intentó el Partido Popular en la anterior legislatura, cuando gozaba de la mayoría absoluta. El primero lo libró ERC con éxito la semana pasada al conseguir con el apoyo del PSOE, IU, Coalición Canaria y el Grupo Mixto, la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Como consecuencia de ello las comunidades autónomas dispondrán de mayor margen de maniobra para fijar su propio déficit a partir de la coyuntura.
Comparten con ERC la necesidad de reformar la Ley de Subvenciones el resto de los grupos nacionalistas, muy en particular el PNV y CiU, y está por ver cual es la actitud que adopta Coalición Canaria cuando el Gobierno inicie el trámite parlamentario. CC fue la única fuerza que apoyó al PP cuando fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre. Durante su debate, presentaron enmiendas a la totalidad de la norma el propio PSOE, CiU, PNV, IU, ERC y el BNG. Fueron rechazadas con los votos del PP y de los nacionalistas canarios. Todos estos grupos coinciden en que la ley recorta las competencias autonómicas.
El anterior Gobierno defendió la Ley de Subvenciones vinculándola a los mismos criterios de disciplina en el gasto que rigen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a la urgencia en definir un modelo centralizado de control de las ayudas públicas que facilite la detección del fraude. Sin embargo, el propio Consejo de Estado reconoció que en la elaboración de la ley faltó diálogo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Las subvenciones que parten de la Administración central rondan los 50.000 millones de euros anuales, con cifras del ejercicio de 2003.
En opinión de Puigcercós, la finalidad de la ley de Subvenciones 'fue cercenar el margen competencial de las comunidades autónomas', incidiendo de forma directa sobre un concepto básico de la descentralización política como es el gasto público. En su opinión, las comunidades deben conservar la capacidad de definir cuales son sus prioridades y también los procesos en la concesión de las ayudas públicas. Para ello deben dejar de ser consideradas 'como entes menores de edad, proclives al despilfarro, a la corrupción y al descontrol en general'. ERC considera que el Gobierno catalán y su Administración se bastan para legislar en este ámbito y no necesitan tutelas.
Desarrollo reglamentario
El proyecto de ley aprobado el pasado noviembre ligó al desarrollo reglamentario la regulación de una base de datos nacional para controlar la acumulación y la concurrencia de las subvenciones públicas, una exigencia comunitaria. El anterior Gobierno también dejó condicionado al reglamento todo el régimen de garantías y las diligencias que documentan el control financiero de las ayudas, entre otros aspectos.
Entre los argumentos que el PSOE utilizó para oponerse a la ley figuró 'el interés contundente del Gobierno del PP en dilapidar todo el referente que supone la Administración autonómica y local del Estado'.
La norma entró en colisión con el Concierto económico vasco
Al elaborar la Ley de Subvenciones sin tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, el anterior Gobierno del PP entró en conflicto con el Ejecutivo de Vitoria, entre otros, que entendió que el control de todas las subvenciones públicas por parte del Estado vulnera las competencias reconocidas en el Concierto vasco. El PP insistió en la aplicación de todos los preceptos de la ley al considerar que no invadía competencias autonómicas y se trata, además, de una ley básica avalada por el Consejo de Estado y de aplicación, por tanto, en todo el territorio nacional.