'Solbes debe pagarnos 4.200 millones antes de reformar la financiación'

Francisco Vázquez Vázquez (A Coruña, 1946) advierte que no sabe nada de economía, y reconoce contar en reales todavía mejor que en euros. 'En el Ayuntamiento de A Coruña -es alcalde desde 1983- tengo la hacienda en manos de un auxiliar de justicia, y antes en las de un médico anestesista, y siempre nos ha ido bien: se gasta lo que entra y ni un duro más'. El nuevo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere clarificar la financiación municipal, previo cobro a Hacienda de los servicios prestados no cobrados por valor de 4.200 millones de euros, con un criterio claro: 'un vecino, una peseta'. Arremete contra el nuevo centralismo 'rancio y oscuro' ejercido por las comunidades autónomas: 'son como parásitos insaciables; cuarto que cae en sus manos no vuelve a ver la luz del Sol'. Y pide que se haga antes de abrir cualquier ampliación de poderes para las CC AA en la reforma estatutaria.

Pregunta. Los ayuntamientos se quejan de que el 30% de su gasto se destina a financiar servicios que no pertenecen a sus competencias. ¿Cómo se debe solventar esta situación?

respuesta. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los ayuntamientos y una de las causas, si no la principal, de las graves dificultades financieras por las que atraviesan. Si los ayuntamientos prestamos determinados servicios en prestaciones sociales, educación, vivienda y seguridad, entre otros, y no recibimos más recursos para llevarlos a cabo, el déficit se va acumulando y llegamos a una gran acumulación de endeudamiento. No se nos da el dinero y no se nos reconoce la actividad. Es un agravio permanente. La especie de que los ayuntamientos administran mal es una falacia: las autonomías no soportan la comparación con los ayuntamientos. Tenemos más capacidad inversora que las autonomías y menos deuda que ellas. Y de los ingresos que tenemos, más del 53% procede de nuestros propios impuestos, mientras que las regiones reciben todo el dinero de las trasferencias del Estado. Siempre digo gráficamente que sacamos matrícula de honor todos los años, pero nos obligan a repetir curso.

'Necesitamos municipios fuertes; no apéndices del poder político autonómico. Yo no quiero ser alcalde pedáneo de una comunidad'

'Todas las CC AA son parásitos insaciables; cuarto que cae en sus manos no vuelve a ver la luz del Sol'

P. ¿A qué situación vamos: a mayor cesión de recursos del Estado o a la creación de más impuestos propios?

r. Nosotros ya tenemos impuestos propios, no podemos crear más. Son las comunidades las que deben tener impuestos y deben desempeñar esas funciones que ahora cubrimos nosotros. Pero las autonomías son como los parásitos, son insaciables; se limitan a coger lo que les da el Estado. Y no son nada transparentes: cada cuarto que cae en sus manos no vuelve a ver la luz del Sol. Se han configurado como entes insaciables, nunca satisfechos, permanentemente reivindicativos, con unas arcas que no tienen fondo y no acompañadas de una gestión acreditada.

En primer lugar hay que solucionar al problema histórico de la financiación local. Los ayuntamientos atienden el alumbrado, el transporte, los ordenanzas de los colegios, centros sociales, centros de acogida, etc. Si los alcaldes decidieran cerrarlos, porque nadie les provee de recursos, este país sufriría un colapso descomunal.

P. ¿De qué déficit hablamos?

r. Ahora recibimos en torno a 1,6 billones de pesetas (9.600 millones de euros), un 13% del gasto público; pero los cálculos que hemos hecho estiman que la financiación que deben tener los municipios debe subir seis puntos, hasta el nivel del 19% al 22% del gasto público. Por tanto, nos adeudan una subida de cerca del 50%, en torno a los 700.000 millones de pesetas (4.200 millones de euros). Eso es lo que deberíamos percibir para empezar a hablar. Cuando se nos pague esto, hablaremos de la segunda descentralización: sentar al Estado, las autonomías y los ayuntamientos, ver lo que tiene que hacer cada cuál, y fijar los recursos; y no al revés.

P. ¿Cuál es la disposición de Solbes?

r. Lo que he trasladado al vicepresidente Solbes es que no cabe hablar de otra cosa sin la resolución de esa deuda. Eso hay que resolverlo en términos de caja, no intelectualmente; pero no ha concretado nada.

P. ¿Qué competencias añadidas deben recibir los municipios?

r. Primero la de urbanismo, salvo lo relativo a la ordenación del territorio. Cada ciudad debe ser autónoma para decidir cómo quiere que sean sus normas urbanísticas. Y después los servicios más próximos al ciudadano: ocio, cultura, deporte, empleo, educación infantil, etc.

P. Disponer de esas competencias ahora autonómicas ¿no necesitará de una revisión constitucional?

r. Ninguna. Simplemente un pacto político entre el PP y el PSOE, que son las formaciones que gobiernan en la mayor parte de los municipios. Es un pacto político, con firma pública, que suponga un reparto claro de tareas.

En la reforma del Senado veremos qué disposición tienen para hacerlo. La Cámara Alta no puede seguir sin la presencia de las ciudades. La ciudad de Madrid tiene diez veces los habitantes de La Rioja, u ocho veces los de Cantabria, y deberá hacer oír su voz. Somos los ayuntamientos entes tan democráticos y políticos como las autonomías, venimos de las urnas, no somos un instrumento de gestión; La legitimidad y la autonomía nos da la Constitución.

P. ¿Cómo debe ser entonces esa nueva financiación?

r. No hay nada que inventar: los servicios a los españoles se los da el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Los impuestos generales (IRPF, IVA, Sociedades o IBI) deben repartirse entre las tres administraciones en función de los servicios que prestan. Si alguien quiere dar otro servicio, que aplique un recargo sobre el IRPF o sobre sociedades.

P. ¿Qué participación debería tener cada Administración?

r. Necesitamos un modelo útil y práctico para el ciudadano. El modelo español es centralista y centralizador, y más excluyente de lo que era el rancio poder central antes. En España este modelo lo representan ahora el poder más nuevo: las comunidades autónomas. Hay que ir a ayuntamientos más fuertes.

P. Ante la reforma de los estatutos, ¿hay riesgo de reforzar a la autonomía y quitar poder al municipio?

r. Claro. Si no hacemos ayuntamientos fuertes, serán instituciones secundarias; perderán su ámbito estatal y dependerán del poder autonómico; seremos un país exótico. Y yo de ninguna manera seré un alcalde pedáneo de una comunidad autónoma.

P. ¿Puede descentralizarse el poder en ese sentido, teniendo en cuenta la presión nacionalista?

r. Frente a la concepción municipalista del PSOE o del PP, que es coincidente en casi todo, los nacionalistas en el poder consideran a los ayuntamientos como meros apéndices de su poder político.

'No somos culpables del precio de la vivienda, sino víctimas'

El líder de los ayuntamientos no se ve responsable de la escalada de precios de las casas, y advierte que el plan de choque del Gobierno podrá hacer poca cosa.Ustedes tienen en sus manos la gestión del suelo; dada el alza escandalosa de los precios, ¿no creen que han fracasado?Habríamos fracasado si fuésemos los únicos responsables. La ordenación urbana es competencia autonómica y las comunidades se han dedicado a hacer mucho más complejo el proceso urbanizador por la lentitud en la concesión de permisos, con lo que encarecen esa parte del proceso. Eso es lo que dispara el precio de la vivienda. No me considero fracasado: me considero víctima y afectado. Las comunidades han tenido también excesiva permisividad con las empresas que han acaparado grandes bolsas de suelo, y tampoco han hecho políticas de alquiler. Incluso las comunidades han puesto trabas para que los ayuntamientos puedan proceder a la expropiación del suelo que dejan las grandes multinacionales cuando se marchan, tras despedir a miles de trabajadores. Se van y lo hacen con las arcas llenas, porque se les permite especular con sus suelos. Hay que agilizar el planeamiento y urbanización y suprimir plazos de alegaciones y recursos. Mecanismos simples con el filtro judicial.Públicamente la gente percibe que ustedes se financian con el suelo...Los ayuntamientos no se financian con el suelo porque, si lo hicieran, sería ilegal. Nuestro suelo lo dedicamos a VPO y el excedente, a comprar nuevo suelo. El PP redujo las cesiones gratuitas de suelo del 15% al 10%. He planteado volver al anterior sistema, y dedicar ese 5% a VPO.¿Se solucionaría el problema declarando todo el suelo urbanizable, con las salvaguardas oportunas?No, en absoluto. Lo que hace falta es que el Estado tenga la capacidad de ejercer su derecho de tanteo sobre suelos en los cuales lo que hay es meramente especulación. Hay unos precios indicativos y esos deben marcar la pauta. No puede ser que a sesenta kilómetros de Madrid, un terreno agrario, con valor catastral ínfimo, y escriturado a valor residual, de la noche a la mañana, cuando está en manos de grupos determinados, pase a convertirse en suelo en el que parece que hay petróleo.¿Qué plan de choque le pide a Trujillo para que las cosas funcionen?Una armonización de la legislación. No puede haber 17 leyes de suelo diferentes. Debe utilizar parte de los suelos públicos a la promoción de viviendas protegidas. Debe actuar sobre el alquiler y gravar las viviendas vacías. Deben estar en uso, con todas las garantías para los propietarios. Y los recursos obtenidos de gravar a las casas vacías, debe ir a política de vivienda. La verdad es que lo que puede hacer Trujillo en vivienda son habas contadas: unificar la legislación, que está muy dispersa, y ayudas para alquiler. Poco más puede hacer.

'Cada vecino, un euro; ese debe ser el criterio financiero'

'El reparto del dinero para los ayuntamientos tiene que ser por el principio tan elemental de 'un vecino, una peseta'. Pero en primer lugar' -asegura el presidente de la FEMP- 'no podemos seguir con más de 8.600 pueblos, de los que más de 6.000 tienen menos de 5.000 habitantes. Hay que fijar un sistema justo y equitativo para todos; no podemos seguir con un modelo para ayuntamientos de más de 75.000 habitantes, otra financiación con menos de esa cifra, y otra distinta para los pueblos turísticos: æpermil;ramos pocos y parió la abuela. El Estado debe distribuir en función de los habitantes, con una única salvedad: las diputaciones tienen que tener un plus para redistribuir a los municipios pequeños'.Para Francisco Vázquez, no es preciso unificar los tipos y bases de IBI, cree que transmisiones patrimoniales debe pasar a control municipal, y cuantifica en 241 millones de euros el déficit generado por la retirada parcial del impuesto sobre actividades económicas, que 'existe en todos los países europeos'. 'Hasta ahora', afirma Vázquez, 'no han concretado nada; están en fase de definición de posiciones'.