Los nacionalistas ponen precio al techo de gasto defendido por Solbes
El vicepresidente Pedro Solbes afrontará hoy en el Congreso su primera prueba de fuego desde que tomó posesión, al someter a la aprobación de la Cámara el acuerdo de Gobierno que fija el objetivo de estabilidad para el conjunto del sector público en el período 2005-2007 y el límite de gasto no financiero para el año que viene, cifrado en 124.525 millones.
El rechazo del Partido Popular a este documento, por considerar que supone 'un cambio radical en la política económica' del anterior Gobierno, ha obligado al actual Ejecutivo a negociar el apoyo del resto de los grupos de la oposición parlamentaria.
El portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el diputado Francisco Fernández Marugán mantuvieron ayer conversaciones con Josep Sánchez Llibre (CiU), Joan Puigcercós (ERC), Paulino Rivero (Coalición Canaria) y Pedro Azpiazu (PNV), entre otros grupos, para evitar hoy una derrota parlamentaria. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también mantuvo un encuentro con Puigcercós.
CiU prevé votar en contra del texto gubernamental, mientras que el resto de los grupos han impuesto condiciones. Esquerra Republicana exige un compromiso explícito del Gobierno para modificar con carácter urgente la ley de Estabilidad Presupuestaria, de forma que se respeten las competencias de las comunidades autónomas en la fijación de sus objetivos de gasto y en el establecimiento de sus resultados financieros.
Esta invasión de competencias fue lo que llevó en la anterior legislatura a media docena de comunidades autónomas a recurrir la ley ante el Constitucional. Entre ellas, las gobernadas por el Partido Socialista.
ERC, que cuenta con ocho diputados, exige que sean las comunidades las que negocien con los ayuntamientos los escenarios presupuestarios, a la vez que defiende un mayor protagonismo del Consejo de Política Fiscal en todos los compromisos que se deriven de la nueva ley de Estabilidad.
Para que ERC avale hoy el techo de gasto que defiende el Gobierno para 2005 bastaría con la promesa de Solbes de ceder en esta dirección. Con sus votos y los tres de Coalición Canaria, el vicepresidente tendría prácticamente asegurada la aprobación del texto, sin olvidar que éste debe pasar también por el Senado, donde el PP está a sólo cuatro escaños de la mayoría absoluta. Es en la Cámara Alta donde se concentran, pues, los principales temores del Gobierno.
Hay voluntad en el equipo económico de acelerar la reforma de la ley de Estabilidad. Es su intención hacerlo con rapidez para evitar especulaciones sobre el calado de los cambios y también para trabajar ya con la nueva ley en el próximo ejercicio.
En el Gobierno se asume que en esta norma hay cuestiones procedimentales demasiado rígidas relativas a las competencias que se reserva el Estado para establecer el resultado financiero de comunidades y ayuntamientos, un criterio que podría rozar la inconstitucionalidad. No obstante, el Ejecutivo mantendrá el objetivo del equilibrio presupuestario, aunque limarán los aspectos que llevaron al PSOE a recurrir al Constitucional. Los recursos se retirarán cuando se alcance un acuerdo entre los grupos parlamentarios sobre el alcance de la reforma legislativa. El objetivo con el que trabaja el vicepresidente económico es lograr un mayor respaldo institucional al principio del equilibrio presupuestario.
Fuentes del Ejecutivo recuerdan que el escenario presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de junio ha contado con el aval de todas las comunidades y también, por primera vez, de los ayuntamientos. Este escenario mantiene la previsión de superávit de las Administraciones Públicas del anterior Gobierno en el 0,1% del PIB en 2005 y en el 0,2% en 2006. También mejora en una décima la estimación para 2007, hasta el 0,4%. El techo de gasto para el año que viene se fija en 124.525 millones, un 6,2% superior al del ejercicio pasado, aumento que hoy dará pie al PP para rechazar el acuerdo.
Entre la previsión de déficit del anterior Gobierno y la de este han mediado directrices de la UE que obligan a contabilizar la deuda RTVE, en total 7.200 millones, y la deuda de 2.500 millones reconocida a Andalucía.
Rajoy cuestiona el modelo económico
Minar la credibilidad de la política económica del Gobierno se ha convertido en objetivo prioritario del PP, incluso en una tarde como la de ayer en la que buena parte del hemiciclo estuvo pendiente del fútbol. Mariano Rajoy emplazó a José Luis Rodríguez Zapatero a 'liderar un proyecto económico, que marque unas líneas de actuación y que termine con este carrusel de idas y de venidas que es muy poco edificante y muy peligroso', señaló. En su opinión, 'más que liderar un proyecto económico, (el vicepresidente Pedro Solbes) actúa como un guardameta para parar los goles que le quieren meter sus ministros'.Zapatero respondió a Rajoy que su modelo se basa en el crecimiento económico y la estabilidad presupuestaria 'con más transparencia, más desarrollo y más bienestar social'. El presidente le recordó también al líder del PP la deuda heredada en RTVE, de 7.200 millones de euros, la deuda de Renfe y las ayudas ilegales concedidas a Izar, una situación 'que preocupa al Gobierno'.Poco después, el portavoz de Presupuestos del PSOE, Pedro Saura, pidió al vicepresidente económico la cuantificación del gasto comprometido y no presupuestado para 2004, pero Pedro Solbes se remitió a la elaboración de las cuentas del Estado de 2005 para precisar una cifra concreta.