Cerco al gran fraude fiscal

Entre los innumerables retos que tiene pendientes el nuevo vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se encuentra el de una persecución más efectiva de las grandes tramas de fraude fiscal. Se trata de una de las viejas reivindicaciones de todos los colectivos de profesionales ligados a la Administración y que ahora acaba de poner de nuevo sobre la mesa la propia asociación de los inspectores de Hacienda (Apife). Este colectivo reclama cambios profundos en la Ley General Tributaria, que entrará en vigor en julio, para que la lucha contra el fraude no se circunscriba a meras tareas de comprobación en la recaudación de los impuestos.

Entre otros asuntos, Apife exige más tiempo (que no se limite el plazo a un año) para investigar los grandes entramados ligados al delito fiscal, y que se desarrollan fuera de la esfera del pequeño contribuyente. El Gobierno tiene la oportunidad, ahora, mediante el desarrollo reglamentario de la ley, de mejorar los aspectos de una norma que ha tardado más de tres años en salir adelante y que es esencial para delimitar las relaciones entre la Administración y el contribuyente.

La intención del Gobierno de que la ley tributaria vea la luz el 1 de julio, como había previsto el anterior Ejecutivo, le honra, por cuanto un aplazamiento acarrearía muchas más molestias que beneficios. Ahora bien, el nuevo Gobierno tiene pendiente escuchar a todos los colectivos afectados para mejorarla, de forma que la norma no caiga en saco roto y cunda el desánimo entre los que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Hay mucho en juego. En 2003, la Agencia Tributaria detectó fraude por valor de 12.000 millones de euros, equivalente al 1,6% del PIB, una cantidad que podría haber sido utilizada ya para mayores gastos sociales.