Hace falta un conflicto de Estado
Primera comparecencia, el miércoles, de la directora general de la Radio Televisión Española, Carmen Caffarel, ante la Comisión de Control del Congreso de los Diputados. Ataque en tromba de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Macarena Montesinos, que acusó a la recién llegada del mayor deterioro conocido en la procelosa historia del ente, de actuar con sectarismo y de ejercer de comisaria política del PSOE. Frente a tantas lindezas, la nueva responsable propuso consenso y diálogo para alcanzar un gran pacto de Estado. Una propuesta sin duda de apariencia bienintencionada, pero que podría conducirnos al desastre de la prórroga del encubrimiento como a continuación me propongo demostrar.
Aceptemos que hay cuestiones cuya resolución reclama un pacto de Estado y recordemos también que quienes ahora gobiernan, tras la victoria electoral del 14 de marzo, se esforzaron en su anterior encarnación como principal partido de la oposición, sobre todo desde que asumió el liderazgo José Luis Rodríguez Zapatero, en proponer pactos de Estado por doquier: a favor de las libertades y contra el terrorismo, por la reforma de la Justicia, para los asuntos de defensa y de política exterior, para abordar la crecida de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia callejera, para fomentar la investigación científica, para defender los intereses españoles en la UE y para innumerables asuntos más. Así lo percibieron los guiñoles de Canal + que cada tarde hacían aparecer al muñecote de Zapatero con una nueva propuesta de pacto de Estado.
Pero, señores del jurado, convengamos en que hay también asuntos que sólo podrán ser correctamente planteados y resueltos por el procedimiento inverso al pacto, es decir, mediante el conflicto de Estado. El pacto tiene virtudes que tantas veces y con tanta razón se han ponderado. Ahí está el consenso que sirvió para llegar al texto de la Constitución de 1978 o los Pactos de la Moncloa de 1979, de los que derivó como primera medida la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión que todavía disfrutamos. Pero además los acuerdos multipartidarios han sido siempre necesarios para llevar adelante, por ejemplo, las leyes orgánicas, que requieren para su aprobación parlamentaria mayorías reforzadas, o los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional.
Se impone un antagonismo luminoso que limpie los establos de RTVE, en los que ha habido alfalfa millonaria para todos
O sea, que lejos de nosotros la funesta manía de arremeter contra el consenso sobre el que descansan los avances de la reconciliación y la concordia que nos han traído las libertades públicas que a todos nos importa preservar con plena vigencia. Estamos en las antípodas de quienes presentan el consenso en términos de cobardía civil, como si necesariamente hubiera de llevarnos a un mínimo común denominador de amilanamiento e impotencia colectiva.
Los que propugnan el unilateralismo, decididos a sacar a España del rincón de la historia, nos han llevado a Irak por su cuenta, pero a costa del contribuyente y sin el imprescindible debate parlamentario previo, que no cuenten con nosotros. Pero, llegados a este punto, conviene examinar con algún detalle el asunto de RTVE que es a donde queríamos llegar.
El caso es que, a falta de un estudio riguroso de los diarios de sesiones del Congreso, donde se reflejan las actas de la antes citada Comisión de Control de RTVE, podemos adelantar, sin temeridad, que los asuntos capitales del escándalo de la radiotelevisión pública sólo se han planteado de manera tangencial en un par de ocasiones a lo largo de 24 años. De manera obsesiva se ha tratado de los informativos, utilizados por el Gobierno de turno como arma propagandística descarada, pero en medio de esa trifulca, en aguas más profundas, el acuerdo para repartirse las comisiones, las contrataciones, las producciones y proseguir el asalto a las arcas públicas ha continuado sin alteración mientras se sucedían alternativas políticas de signo opuesto.
Por eso, ahora se impone romper este entendimiento basado en el fraude compartido y propugnar un conflicto de Estado, un antagonismo luminoso que limpie los establos de Prado del Rey en los que ha habido alfalfa millonaria en euros para todos. Por ejemplo, alguien tiene que empezar a explicarnos por qué tuvo tanto interés el PP en exigir la continuidad de Juan Menor cuando un director general del mismo signo se propuso eliminarlo y por qué la primera medida de los socialistas ha sido mantenerlo en la dirección de TVE. Continuará.